Los tres solares de Defensa en la avenida de Metrosidero, en la zona de A Maestranza, están vallados desde hace dos años y medio. Ya nadie los utiliza como aparcamiento, como ocurría desde hacía años. El ministerio los cerró un mes antes de sacarlos a subasta pública, en febrero de 2016, por un precio de partida de 24,8 millones de euros, que no suscitó el interés de ningún pujante en los dos meses siguientes. Desde entonces, en torno al futuro de los terrenos han confluido proyecciones urbanísticas, voluntades políticas, intereses patrimoniales y hallazgos arqueológicos. Aún sin resoluciones aclaratorias ni en el ámbito público ni en el privado, las dos últimas semanas han abierto un escenario que debería definir el uso que le espera a los 5.290 metros cuadrados que ocupan las parcelas.
EPrimera subasta. Abril de 2016. Nadie puja por hacerse con los tres solares. A nadie le interesa pagar 24,8 millones para levantar bloques de hasta 300 viviendas en la zona, según especifica el plan general. Cuatro meses antes, el Concello informa de que los terrenos esconden restos de la ciudad amurallada y plantea la posibilidad de adquirirlos para destinarlos a un uso público, pero no al precio de salida de la puja. Pero el Estado pretende volver a subastar las mismas parcelas en el caso de que confirme que no existen vestigios arqueológicos bajo la tierra. Esta decisión retrasa el inicio de las negociaciones del Concello con Defensa sobre la devolución de las fincas.
EEl Congreso no apoya la venta. Una semana antes de resolverse la primera puja PP, PSOE, Ciudadanos y En Marea votaron a favor de una enmienda de los socialistas a una proposición no de ley presentada por En Marea en la Comisión de Defensa del Congreso por la que el Congreso insta al Gobierno de Mariano Rajoy a suspender la subasta y establecer una mesa de diálogo en la que el ministerio y el Concello negocien el posible traspaso de los terrenos. La puja se celebra, sin ofertas, y con la intención vigente del Estado de convocar una segunda ronda. Antes de que esta se produzca, en enero de 2017, la proposición no de ley de En Marea sale adelante en el Congreso con el apoyo del PSOE tras acordar cambios en su contenido, mientras el PP vota en contra al ver ilegal la petición de cesión gratuita.
ESegunda puja. Mayo de 2018. Defensa fracasa en su segundo intento de subastar las parcelas. Esta vez el lote es de dos terrenos, pero la rebaja de más de un 20% en el precio de salida de ambos, 11,84 millones de euros, no anima a compradores. A diferencia de 2016, cuando había congelado la adjudicación directa en previsión de otra puja, el ministerio pone las dos propiedades en venta directa al no apostar nadie en la subasta. Esta decisión ignora el pronunciamiento unánime del Congreso de los Diputados para que se negociara con el Concello el destino de los terrenos y se evitara así la venta, y también desoye la moción aprobada en el pleno municipal con los votos de Marea y BNG para la cesión gratuita al Ayuntamiento.
EProceso de venta. Un mes después de la segunda puja desierta se presenta una solicitud de compra de los terrenos, con el abono del 5% del precio fijado para cada uno de ellos, y Defensa da comienzo al procedimiento de venta directa de las dos parcelas de A Maestranza, sin revelar la identidad de quien pretende ser el nuevo propietario. La Comisión Aberta en Defensa do Común, un colectivo surgido cuando el ministerio inició los procesos para subastar las fincas, acusa al Concello de no evitar la pérdida de patrimonio público y de ceder al interés urbanístico del Estado.
ENuevo Gobierno, nuevo talante. Cambio en Moncloa. El exalcalde Javier Losada es el nuevo delegado del Gobierno socialista en Galicia. Tras reunirse hace dos semanas con el regidor, Xulio Ferreiro, muestra dudas sobre la recuperación de los terrenos por parte de la ciudad, aunque confía "en que no sea tarde" para negociar su futuro.
EUna carta de interés público. Ferreiro no tarda ni diez días en remitir una carta al secretario de Estado de Defensa en la que reclama la cesión gratuita al Concello de los terrenos de A Maestranza y el establecimiento de una mesa de negociación entre ambas partes. El alcalde alega "interés público" para que el Estado renuncie a la venta de los terrenos, argumento que ampara un artículo de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas para bloquear una operación como la que afecta a estas parcelas, aún a la espera de un uso que derribe las vallas que las rodean.
