En marzo de este año, con el PP al frente del Gobierno estatal, la senadora popular María Aparicio informaba en la Comisión de Defensa del Senado de que la comisión de seguimiento que fiscaliza el cumplimiento de la concesión a Hércules de Armamento de la fábrica de armas y la asesoría jurídica no advertían irregularidades en la actuación de la empresa que pudieran motivar la rescisión del contrato. Cuatro meses después, con un Ejecutivo central socialista, las valoraciones no son las mismas: el Ministerio de Defensa va a iniciar los trámites para retirarle a Hércules la concesión de la planta debido a una de sus irregularidades, el incumplimiento del pago de una parte del canon anual por usar la instalación.

La decisión del Estado, impulsada por el PSOE y siempre demandada por los antiguos trabajadores de la fábrica que han denunciado impagos del canon, de facturas de luz y agua y de obligaciones tributarias, reducción de la plantilla actual y pérdida absoluta de actividad, abre un camino de esperanza hacia la recuperación industrial en la planta de Pedralonga. Desde que Hércules se hizo con la concesión en 2014, las instalaciones han dejado de producir material armamentístico, se han quedado dos veces sin personal de seguridad y han perdido empleados hasta el punto de que hoy apenas queda una decena; una situación totalmente alejada de los propósitos que se comprometió a alcanzar. La suspensión de la concesión que tramita ahora Defensa también alimenta la opción de que se vuelva a convocar otro concurso público.

►Hércules se impone a IFFE. Dos aspirantes concurren a la adjudicación de la gestión de la fábrica de armas en septiembre de 2014. Hércules de Armamento obtiene nueve puntos más que IFFE, un grupo de promotores radicado en la ciudad. Los antiguos trabajadores de UGT, mayoritarios en el antiguo comité de empresa e impulsores de movilizaciones y encierros desde un año antes, aseguraban tener información oficial que prueba que Hércules no tiene solvencia y que sus socios eran propietarios de empresas sin vinculación con el sector de la Defensa y, en aquel momento, sin ningún tipo de actividad. Exigen transparencia al Ministerio.

►De los planes a los hechos. Al obtener la concesión, Hércules asegura tener "varios clientes, fábricas y países" interesados en su producción armamentística. Sus responsable avanzan un proceso de incorporación de plantilla de forma escalonada hasta llegar a los 330 trabajadores directos y 200 indirectos en el plazo de dos años y medio, con el compromiso de contar con antiguos empleados. Pasan los meses y uno de los socios solicita una auditoría contable, la plantilla no supera los 50 puestos y los extrabajadores acumulan concentraciones ante la Delegación de Defensa para reclamar que se investigue la concesión y se anule el concurso.

►Sin seguridad, sin armas. En noviembre de 2015 la planta se queda sin vigilancia por impagos a la subcontrata de seguridad, por lo que Defensa le prohíbe de forma temporal fabricar armas y la limita a la producción civil. El director de Hércules, Ramón Mejuto, reconoce las deudas, entre ellas, a trabajadores, muchos con contratos de media jornada. Acusa además a los antiguos empleados de UGT de espantar a posibles inversores y comprometer puestos de trabajo.

►El inversor que no llega. La Valedora do Pobo reclama por segunda vez a la Xunta informes sobre la fábrica en abril de 2016 para conocer si la concesionaria cumple los compromisos industriales adquiridos con la adjudicación. Mejuto ya había anunciado, también dos veces, que un socio inversor llegaría "en breve" para reactivar la actividad. Mecanizados Escribano mantuvo contactos varios meses, pero supeditó la operación a la intervención de la Xunta para dar luz verde a la compra para reflotar el proyecto industrial de Pedralonga. Su interés se congeló hasta desaparecer.

►¿Solución? Hércules pide permiso a Defensa, ya este año, para constituir una hipoteca sobre su concesión que le permita resolver sus graves problemas económicos. La empresa debe pagar 250.000 euros al año por usar la factoría y Defensa ya utilizó el aval de 400.000 euros aportado al inicio de la concesión para cobrar las cuotas de los dos últimos años. El delegado del Gobierno popular en Galicia, Santiago Villanueva, no atendió a las reclamaciones del antiguo comité de empresa; su relevo, el socialista Javier Losada, no tardó en recibirlos, en compañía del diputado del PSOE Ricardo García Mira. Defensa, ahora, inicia la tramitación para la reversión de la fábrica de armas tras el impago del canon. "Hay que aportar un proyecto para dar vida y empleo a la planta y a la ciudad", comentaba ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, con la vista puesta en un "posible nuevo concurso".