07 de agosto de 2018
07.08.2018

Una vivienda que no lo es

Una familia denuncia que una inmobiliaria le alquiló una casa que, en realidad, era un local comercial

07.08.2018 | 01:29
Humedades en una de las paredes de la vivienda y fachada del local comercial.

Cuando Damaris Vázquez y Sergio Fernández alquilaron el pasado mes de enero su vivienda, en la calle Orzán no sabían que, tan solo unas semanas después de entrar a vivir en ella, empezarían a tener problemas de todo tipo. Cuentan que buscaban una casa en el centro que no se les pasase mucho de presupuesto y que, a través de una inmobiliaria, encontraron una en la calle Orzán, que estaba en un bajo y por la que les cobraban 550 euros mensuales, una cantidad que la familia se podía permitir.

Cuando la vieron era de noche y no estaba contratado el suministro de la luz, así que, con linternas y, con urgencia, le dijeron que sí al lugar que se convertiría en su hogar. No sabían que, en realidad, era un bajo comercial y que uno de los primeros obstáculos sería empadronarse. "Nos dijeron que eso no era una vivienda, que era un local", explica Vázquez, que tuvo que hacer unos trámites extra para que los funcionarios municipales pudiesen certificar que vivía en esta casa.

El siguiente susto lo empezó a dar el parqué. El suelo empezó a ennegrecerse y a chirriar, así que, la familia, que había puesto 550 euros de fianza y pagaba la misma cantidad cada mes, se quejó a la inmobiliaria, sin que, según Vázquez, les hiciesen caso, también pidieron explicaciones a la propietaria de la vivienda que, según consta en una nota simple del Registro de la Propiedad, pertenece al Banco Santander Hispano Banif Inmobiliario, de la que tampoco recibieron grandes soluciones.

Preguntadas por este diario, fuentes de la entidad financiera aseguran que ese inmueble no les pertenece, por lo que no pueden aclarar la situación de esta familia que tiene a su cargo dos menores y también a una persona mayor enferma.

Los problemas no se acabaron ahí, el siguiente sobresalto llegó con la factura de la luz, ya que, el primer recibo que tuvo que afrontar la familia ascendía a unos 700 euros. ¿La razón? Que la compañía les estaba cargando el coste del suministro de toda la comunidad porque su casa no tenía contador propio. Al final, consiguieron parar el corte de la luz pero no las humedades que crecían a pasos agigantados en las paredes de su vivienda, por lo que Vázquez y su familia tuvieron que acudir a una abogada para que, si no era posible hacerlo de otra manera, reclamase por vía judicial el arreglo de la casa.

Para forzar un acuerdo, los inquilinos dejaron de pagar la renta y, según cuenta Vázquez, lo consiguieron, aunque no en las condiciones que buscaban. La propietaria les condona la deuda de los meses de mayo, junio y julio, con la condición de que abandonen la vivienda, aunque la familia todavía no ha encontrado otro hogar. "Nosotros pedimos que nos ingresen la fianza primero para poder irnos, porque hay sitios en los que piden dos meses de adelanto y eso es mucho dinero", concluye Damaris.

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