Al incierto futuro que le espera a la fábrica de armas, cuya concesión prevé el Estado suspender tras haber iniciado la tramitación de su reversión la semana pasada, se le añade su difícil situación económica, acentuada un ejercicio más desde que Hércules de Armamento se hizo con la gestión de la planta a finales de 2014. La empresa registró en 2017 pérdidas por valor de casi 870.000 euros e incrementó el volumen de su deuda en casi 1,5 millones de euros con respecto al año anterior, hasta llegar a los 6,5 millones.

Las cuentas de la concesionaria reflejan un aumento de su cifra de negocio del 138%, que se traduce en unos escasos 116.587 euros con los que afrontar los pagos pendientes que arrastra Hércules desde el comienzo de su gestión. Desde entonces las pérdidas crecieron cada año hasta llegar a los 1,18 millones de euros en 2016 y cayeron un 26,5% el último ejercicio, que coinciden con la disminución considerable de plantilla.

Lo que no ha dejado de crecer es el endeudamiento, contraído entre otros con trabajadores que han denunciado a la empresa, la Agencia Tributaria y por el impago del canon anual por el uso de las instalaciones, que en 2017 pasó de casi 5,1 a 6,5 millones de euros, un 28% más. De esta cantidad, 5,1 millones corresponden a pagos pendientes con acreedores comerciales y la cifra restante son deudas a corto plazo.

Las dificultades de Hércules para desarrollar un proyecto industrial fiable, agravadas por la restricción de su producción al ámbito civil al llegar a carecer dos veces de personal de seguridad, han derivado en que los juzgados de lo Social de A Coruña declarasen a la empresa en octubre del año pasado en situación de "insolvencia total". Entonces había seis demandas promovidas por proveedores y trabajadores, que al acabar 2017 se elevaron a ocho; los impagos denunciados alcanzan un importe de 116.742 euros.

Hércules de Armamento, que mantiene los 610.000 euros de capital social con los que inició la gestión de la fábrica hace cuatro años, refleja en sus cuentas que su plantilla está compuesta por 48 trabajadores, una cifra con la que no están de acuerdo los antiguos empleados de General Dynamics -la anterior gestora de la planta-, quienes denuncian que los impagos acumulados han reducido progresivamente el personal hasta dejarlo en la actualidad en alrededor de una docena de trabajadores, muy lejos de los 155 que la empresa se comprometió a tener al hacerse con la concesión mediante concurso público.