Las continuas denuncias de impagos e incumplimientos de la concesión que los extrabajadores vinculados al antiguo comité de empresa de la fábrica de armas han difundido desde que Hércules ganó el concurso han encontrado respuesta con el cambio de Gobierno estatal. Mientras el Ejecutivo central del PP y la Xunta se desentendieron estos años de las irregularidades advertidas por los anteriores empleados, el Gobierno socialista acaba de iniciar los trámites para anular la concesión de Hércules de Armamento. El proceso puede durar unos dos meses -con agosto de por medio- y en él Defensa, alertada sobre todo por los impagos del canon, analizará jurídicamente qué solución tomar cuando se resuelva la concesión.
Sobre la mesa habría en principio dos fórmulas: la convocatoria de un nuevo concurso o la adjudicación directa por parte del Estado, como ocurrió con otras plantas del sector en el país. Siempre que existe un proyecto industrial de garantías.
