La Junta de Gobierno Local admitirá hoy los recursos presentados hace tres años contra la aprobación definitiva del proyecto de compensación del polígono urbanístico conocido como Parque de Oza, lo que paralizará la construcción de los 18 edificios previstos, seis de ellos de once plantas. La resolución da la razón a la Federación de Asociaciones de Vecinos, PSOE, BNG y Esquerda Unida, quienes en 2015 recurrieron la decisión del equipo de gobierno del PP de aprobar este proyecto porque los promotores no incluyeron los gastos de urbanización que el Concello había realizado en varias calles de la zona y que suman 1.157.601,91 euros.
El interventor municipal había rechazado en 2014 aprobar este proyecto precisamente por excluir el pago de esos trabajos al considerar que se conocía a qué zonas del polígono afectaban y cuál era su importe. El Gobierno local admite también el recurso de una familia que reside en una vivienda situada en esos terrenos, ya que en el proyecto de compensación no figura su derecho a ser realojada antes de que comiencen las obras. La iniciativa planteada por otro ciudadano ni siquiera llegó a ser analizada, ya que fue recibida fuera del plazo legal.
La resolución municipal se produce tras la sentencia emitida el pasado 5 de junio por el Juzgado de la Contencioso-Administrativo número 1, que estimó parcialmente un recurso de los promotores por la demora del Concello en resolver los recursos presentados en 2015 y dio al Gobierno local el plazo de un mes para pronunciarse sobre ellos.
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El PP llevó a cabo durante su mandato municipal un plan para eliminar tapones urbanísticos en esta zona, al que denominó Conecta Castrillón. Pese a que los trabajos debían ser desarrollados por los propietarios de los terrenos del polígono Parque de Oza, el Gobierno local de Carlos Negreira justificó su realización por el Concello ante la larga espera que soportaban los vecinos del barrio para ver abiertas esas calles. Las actuaciones se desarrollaron en las avenidas de Casanova de Eirís y la Concordia, así como en las calles Antonio Ríos y Castrillón. Según se explicó entonces, el coste de estas obras sería reclamado a los promotores al aprobarse el proyecto de compensación.
Al comprobar que el documento elaborado por los propietarios de los terrenos excluía el abono al Concello de los gastos de urbanización, la federación vecinal, PSOE, BNG y EU plantearon un recurso conjunto en el que alertaron de que el proyecto traslada a la administración municipal las cargas urbanísticas que corresponden a los promotores. Para ello recordaban que los trabajos realizados fueron financiados mediante el presupuesto municipal y exigían que su coste fuera incluido en la liquidación provisional del proyecto de compensación.
Los propietarios del suelo alegaron que cuando elaboraron ese texto en 2014 el Concello no había terminado las obras en las calles del barrio, por lo que desconocían su coste definitivo, así como si respondían al proyecto de urbanización que se tramitaba. También aclararon que pensaban incluir el abono de esos gastos en la liquidación definitiva del proyecto de compensación.
El Gobierno local considera que los gastos de urbanización deben ser sufragados por los promotores, incluso aunque las obras fueran realizadas antes de la aprobación definitiva del proyecto en el que figuren esas obras, según figura en la Lei do Solo de Galicia. También destaca que su coste "se calculará con arreglo a los presupuestos aprobados", de acuerdo con el Reglamento de Gestión Urbanística.
Los técnicos municipales cuantificaron el coste de las obras realizadas -incluyendo la redacción de los proyectos, la dirección de los trabajos y la coordinación en seguridad y salud- en 1.157.601,91 euros, cantidad que también incorpora los gastos de derribo de edificaciones incompatibles con el polígono y el valor de las mismas. Al haber sido terminadas ya las obras de urbanización, el Gobierno local exige que este gasto figure "de forma concreta y pormenorizada" en la liquidación provisional del proyecto de compensación.
Los promotores se negaban además a realojar a la familia cuya vivienda será derribada al estimar que este proyecto figura en el plan general de 1998, que no prevé esta medida, aunque el Concello replica que el proyecto de compensación se aprobó en 2014, cuando ya estaba vigente la ley gallega de 2008, que obliga a realojar a los afectados por proyectos de urbanización.
