10 de agosto de 2018
10.08.2018
La reconversión de los muelles coruñeses

Un informe pedido por el Concello cuestiona la validez del convenio de los muelles de 2004

El acuerdo entre Xunta, Fomento, Concello de A Coruña y de Arteixo incumple varias normativas, según los redactores, que creen que es "nulo de pleno derecho"

10.08.2018 | 00:51
Feijóo, Álvarez-Cascos, Vázquez y Pose, en la firma del acuerdo de 2004 para urbanizar los muelles.

Un informe encargado por el Concello a la empresa Oficina de Planeamiento y entregado en mayo considera que el convenio firmado en 2004 para la recalificación de los terrenos portuarios es "nulo de pleno derecho" ya que le achaca varios defectos en el cumplimiento de numerosas leyes vigentes en aquel momento y considera "dudosa" su vigencia. El acuerdo, que primero rubricaron Xunta, Fomento y los Concellos de A Coruña y Arteixo, y que después modificaron solo A Coruña y Fomento para incluir mayor porcentaje de vivienda protegida, es puesto en entredicho a través de este estudio a fondo del documento en el que se escudan Xunta y Puerto para validar su acuerdo y que critica el Gobierno municipal.

EEficacia. En cuanto a la tramitación misma del documento, el informe resalta que no hay constancia de que se anunciara la apertura de la exposición pública a través de un espacio publicitario en un medio de comunicación, tal como marca la ley, ni que, una vez ratificado el pleno, se volviera a ratificar por todos los firmantes, requisito también incluido en la legislación en cuanto a convenios interadministrativos de tipo urbanístico. No aparece tampoco publicado en el Boletín Oficial del Estado, remarcan los arquitectos que firman el documento, por lo que, concluyen, que hay "vicios procedimentales" que podrían dar lugar a su "revisión de oficio". Es, por tanto, "cuestionable" la propia eficacia del convenio.

EVigencia. Pese a que el propio convenio establece que la vigencia del mismo se podría prorrogar con acuerdo de las partes, el informe destaca, de inicio, que no se estipula un plazo específico, siendo esta premisa de obligado cumplimento en los acuerdos de naturaleza urbanística, según la normativa. Uno de los períodos específicos que sí está reflejado es la incorporación del documento al plan general coruñés. Un plazo de cuatro años que se superó "ampliamente", recuerdan los redactores del informe, ya que fue aprobado de manera definitiva en febrero de 2013, nueve años después de la firma. Otro plazo plasmado era el de cinco años para presentar los Planes Especiales de Transformación (PET) de los actuales muelles después de la entrada en vigor del plan y también está vencido al haberse cumplido en julio de este mismo año. Con estas premisas, el informe califica de "muy complicado" y "prácticamente imposible" defender la vigencia del convenio, que tacha de "dudosa". Frente a esto, la única opción para que el convenio siguiese en vigor a día de hoy sería, propone el documento, un "acuerdo expreso de prórroga" que por ahora no se ha planteado. Solo contempla el informe una posibilidad de que pudiera entenderse como en curso el convenio y es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que habla de los períodos de vigencia de los convenios y da un plazo de cuatro años con respecto a la aprobación de la ley, de 2015. Dentro de esta alternativa, que aún así seguiría incumpliendo otros preceptos, apuntan los redactores, el 2 de octubre de 2020 sería "indefectiblemente" la fecha de caducidad del documento.

EUnilateral. Con respecto a los plazos, existe una cláusula en el convenio que la empresa también tiene en cuenta y es la referida a que la recalificación comenzará cuando se desafecten los terrenos portuarios. Los redactores del informe apuntan que no se podría, según la ley, dejar en manos del Estado la decisión "arbitraria", "unilateral" y en el "momento oportuno", sin tener en cuenta el interés general. Sugieren, entonces, que en vez de clasificar los terrenos con "clasificaciones transitorias", se denominen con el uso actual para hacer con "la fórmula jurídica correcta".

EIndeterminación. El informe recuerda que en la ley que regula los convenios interadministrativos se obliga a que, en los contenidos mínimos, se incluya un estudio financiero "de viabilidad de las actuaciones". No existe en este convenio, apuntan los arquitectos, tal documento y solo se introducen "números gruesos" y "dos o tres previsiones" que están "absolutamente faltas" de justificación en cuanto a sus consecuencias económicas.

EAprovechamiento. La empresa describe como "inadmisible" a la vez que contrario a la legislación vigente que el Concello acepte en el convenio renunciar al 10% de aprovechamiento del suelo que le pertenece. Ocurriría este supuesto, explica el acuerdo, si el Puerto no consiguiera, con la venta de los muelles, un tercio del coste de las obras de Langosteira. La propia cláusula unida a la indefinición de la cantidad económica exacta y a los tiempos que se manejarían para tal escenario son denunciados por el informe. Esta situación, impuesta, según los redactores del informe, por el Gobierno central retira potestades únicas del Concello, como la urbanística.

EVivienda. Las plasmación del uso residencial de los terrenos, que obligó a modificar el convenio en el mismo año 2004, tampoco es correcto, en ninguno de los dos documentos, según los arquitectos que elaboraron el informe. En el primero se planteaban usos terciarios y residencial libre, cuando la normativa, dicen, obligaba a que fueran suelos dotacionales o pisos sujetos a régimen de protección, mientras que el cambio, para incluir un aumento en el número de vivienda pública, tampoco cumplía la legislación por condicionarse a una normativa aún en tramitación. En vez de cumplir la ley, advierte la empresa, "primero se vulnera la normativa y después de 'convalidan' los actos ilegales contemplando una normativa aún no vigente".

ECostas. El informe subraya el incumplimiento de la normativa respecto a costas por "obviar" la intervención del Ministerio de Medio Ambiente -la firma fue del ministro de Fomento- que tenía la competencia sobre el litoral y ni siquiera, apunta, se solicitó un informe previo, que es preceptivo según la legislación. Considera que, con esta ausencia, el convenio está "viciado de raíz".

ELitoral. Tampoco se tramitó de manera correcta el contenido del convenio con respecto al Plan de Ordenación del Litoral de la Xunta de 2011. Según los expertos, el PGOM se aprobó de manera provisional en 2012 por lo que tendría que haber adaptado el planeamiento a esta normativa autonómica. En caso de haberlo hecho, afirman los redactores del informe, se tendrían que incluir los muelles dentro de un "área de mejor ambiental y paisajística", que solo "excepcionalmente" se convertirían en "crecimientos urbanísticos" y la zona residencial debería colocarse "en dirección contraria a la costa".

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