La Autoridad Portuaria de A Coruña acordó el año pasado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y un año antes con Puertos del Estado la reducción del importe de los pagos con los que amortiza los préstamos concedidos por ambas entidades, de 126,4 y 200 millones de euros, respectivamente, para hacer frente a la financiación de las obras del puerto exterior. La medida del Puerto constituye una "decisión estratégica de análisis financiero a largo plazo" para garantizar, "aplicando criterios de prudencia", el cumplimiento de sus "obligaciones económicas ante terceros", según recogen las cuentas anuales del órgano portuario. Es decir, al aplazar la devolución del grueso de estos créditos busca garantizar sus pagos, incluidas las inversiones, y no generar nuevas deudas.

Ante la previsión de que el beneficio de los próximos ejercicios no sea lo suficientemente holgado para ajustarse a la amortización de los créditos programada en su plan de empresa de 2016, que calculaba ingresos en 2018 por las ventas de La Solana, el hotel Finisterre y los muelles de Calvo Sotelo y Batería, el Puerto negoció con el BEI en 2017 una reducción anual de 3,01 millones de euros en las cuantías que debe abonar entre 2017 y 2025 y una modificación en el calendario de pagos. En este periodo la entidad pagará 3,49 millones en lugar de los 6,5 millones inicialmente acordados en estos años y en los siguientes hasta 2032.

A partir de 2026 y en los seis ejercicios hasta 2032, el Puerto, con la previsión de disponer de mayores ingresos, tendrá que asumir anualidades superiores a las pactadas, de 9,71 millones en vez de 6,5. Entre 2033 y 2035 deberá cubrir sus obligaciones con el BEI con el pago de los últimos 15,18 millones del préstamo. La Autoridad Portuaria ha pagado hasta ahora 18,92 millones correspondientes a este crédito concedido en 2013.

En el ejercicio 2016 el Puerto llegó a otro acuerdo con Puertos del Estado para modificar también las cuantías de las anualidades de amortización del préstamo otorgado por el órgano estatal por 200 millones de euros, del que hasta 2021 solo abonará los intereses. A partir de ese año y durante los treinta siguientes, hasta 2051, varían los importes. En 2021 pagará dos millones en lugar de 3,33; de 2022 a 2027, abonará cuatro millones cada año en vez de 6,66; y en dos periodos entre 2028 y 2046 tendrá, sin embargo, que desembolsar anualmente cuantías más elevadas que las pactadas en un principio: nueve millones hasta 2037 y siete millones hasta 2046, en ambas etapas frente a los 6,66 que recogía el acuerdo original.

Esta modificación en el pago de este crédito responde también a "criterios de prudencia" con el objeto de cumplir con todas las obligaciones financieras de la Autoridad Portuaria, según señalan las cuentas de 2017. La entidad ha abonado hasta el pasado ejercicio 3,53 millones de euros en concepto de los intereses del préstamo de 200 millones de Puertos del Estado, que en principio había concedido 250 que el Puerto rebajó por el ahorro en proyectos propios.

Estos créditos con los que la Autoridad Portuaria financia la dársena de punta Langosteira condicionan las cuentas de la entidad hasta 2051. Más de tres décadas sobre las que se ciernen incertidumbres por la acumulación de pérdidas anuales o la obtención de beneficios insuficientes con los que sufragar el coste de las obras. A ello hay que añadir la indefinición por el traslado al puerto exterior de la actividad desde los muelles urbanos, como la de Repsol, que al menos hasta finales de 2019 no tendrá construida su terminal, y el futuro de los terrenos de San Diegotraslado al puerto exterior muelles urbanosRepsolSan Diego, sobre los que el Puerto proyecta obtener unos ingresos ahora condicionados por la transformación del borde litoral de la ciudad que promueve el Concello con un concurso de ideas tras haber quedado en suspenso el convenio para su reordenación acordado por la Xunta y el Estado antes del cambio de Gobierno central.

Los 107,5 millones de euros del crédito del BEI y los 200 del de Puertos son gran parte de la deuda total de 308,1 millones con la que la Autoridad Portuaria cerró el último ejercicio contable.