La Autoridad Portuaria tiene abiertas y sin resolverse cuatro causas judiciales repartidas entre dos juzgados de A Coruña y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), según recogen sus cuentas del ejercicio 2017. Tres de estos procesos enfrentan al Puerto con Copasa, la constructora de los túneles de O Parrote y de la Marina, que reclama a la entidad al menos 2,2 millones de euros, y una con el Ayuntamiento, al que el órgano portuario exige 1,6 millones.

Las causas, promovidas a través de reclamaciones y recursos por Copasa y por el Puerto en los dos últimos años, están en fase de tramitación sin que aún se haya producido la presentación de las argumentaciones de las partes en el periodo de prueba, apuntan fuentes judiciales. Con la base de los informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría General de la Autoridad Portuaria sobre estos litigios, la entidad coruñesa considera "remota la salida de recursos" derivados de las reclamaciones que se le plantean, por lo que en las cuentas del pasado ejercicio avanza que no ha incluido fondos en el presupuesto de este año al considerar que no va a tener que hacer frente a las demandas de la empresa.

Copasa exige al Puerto 1,47 millones por las obras del túnel de O Parrote, después de que alegase en la certificación final de los trabajos diferencias sobre el pago de lo ejecutado y la valoración de las actuaciones que no reflejaba el proyecto inicial. La Autoridad Portuaria desestimó esta reclamación en diciembre de 2016 manifestando que el proyecto del vial subterráneo fue redactado por la empresa y que la dirección de la obra estuvo bajo su responsabilidad. Ante esta medida Copasa presentó un recurso de reposición un mes más tarde. Medio año después interpuso otro de carácter contencioso contra la desestimación por silencio administrativo del recurso anterior. La causa sigue en tramitación.

También en 2017 Copasa reclamó intereses de demora por el retraso en el pago de las certificaciones de las obras de construcción del túnel de O Parrote por un importe de 782.593 euros, demanda contenciosa que ha cursado a través del Tribunal Superior.

El año pasado la UTE formada por Copasa y Civil Global para la construcción del túnel de la Marina reclamó al Puerto en un juzgado coruñés el incremento del coste de las obras del vial subterráneo, aunque las cuentas de la entidad no indican el importe de la demanda. A finales del año pasado Copasa exigía 9 millones por los sobrecostes del túnel debido a errores y imprevisiones en el proyecto.

La construcción del túnel y del parking subterráneo de O Parrote fue adjudicada a Copasa en 2012 con un presupuesto de 14 millones de euros. La mayor parte de la obra la financió la Xunta con una aportación de 12 millones y el Concello entregó el resto. Una vez adjudicados los trabajos, se cambió el proyecto inicial sin variar el coste, pero al presentar la certificación final de las obras en diciembre de 2015, la constructora expresó su disconformidad con el coste establecido por el Puerto, por lo que efectuó la reclamación por valor de 1,4 millones de euros.

La empresa concluyó la ejecución en junio de 2014, aunque el túnel no funcionó hasta que terminó de construirse el vial subterráneo de la Marina y de remodelarse el de María Pita, con los que estaba previsto su enlace. Estos trabajos finalizaron en mayo de 2015, pero la aparición de filtraciones de agua en el punto donde debían conectar los túneles de la Marina y O Parrote retrasaron su apertura hasta abril de 2016.

La tercera causa judicializada enfrenta al Puerto con el Concello, al que reclama en el TSXG 1,6 millones de euros por la urbanización en la explanada de O Parrote, realizada también por Copasa. Las administraciones habían acordado meses antes que la Justicia decidiese quién debía abonar esa cantidad, a lo que se niega el Concello. El Gobierno local cree que la exigencia de ese pago adicional no se ajusta al convenio firmado con el Puerto por las obras de la Marina, según el cual la administración local asume 10,5 millones y la entidad portuaria dos, por lo que defiende que no debe realizar otro gasto.

En el cruce de argumentos entre las partes el Concello se sustenta en irregularidades advertidas por la asesoría jurídica y el interventor municipal en la elaboración del proyecto de urbanización en O Parrote y en la contratación de las obras a favor de Copasa sin que hubiera un procedimiento abierto. El órgano portuario replica señalando que la tramitación de la obra en la explanada es idéntica a la seguida en la construcción del túnel y está avalada por la Abogacía del Estado.

La judicialización de estos conflictos impide que avancen otros trámites entre las administraciones. El Concello no puede disponer aún de los terrenos de la Marina, donde prevé hacer mejoras, ya que la cesión por parte del Puerto está bloqueada desde hace dos años. El cambio de Gobierno estatal también condiciona futuras intervenciones en el litoral, que el Concello promueve reordenar a través de un concurso de ideas.