Aunque una de las serpientes de este verano sea la llegada de pateras, lo cierto es que su número no excede lo que viene siendo normal en la última década. Si bien, las llegadas han aumentado ligeramente respecto a los dos últimos años, siguen estando en números muy pequeños que no deberían crear ni siquiera un comentario, salvo críticas a la actual legislación que las genera. La Ley de Extranjería, una ley que atenta contra el derecho a la libre circulación de las personas, impide la entrada a nuestro país de muchas personas que buscan trabajo en Europa. Se prevé una entrada irregular por este medio (las pateras) de entre 35.000 y 40.000 personas para este año. La mayoría no viene a territorio español, sino que lo atraviesa, pero ¡somos 47 millones de habitantes! No debería alarmarnos la llegada de unas pocas personas.

La negativa del gobierno italiano a cumplir la legislación de Salvamento Marítimo ha puesto en primer plano la llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo. De paso, en nuestro país se han puesto en marcha campañas racistas y xenófobas que van, desde declaraciones de dirigentes políticos hasta la circulación de bulos por redes sociales y grupos de WhatsApp en los que se habla de ayudas a inmigrantes que en realidad no existen.

El resultado es una atmósfera social contaminada de xenofobia y racismo. Las personas engañadas se atreven a exhibir actitudes discriminatorias en cafeterías, transportes colectivos y peluquerías con una desvergüenza impensable hace sólo unos meses.

En nuestra ciudad es casi ya una tradición que en agosto y diciembre, cierto comerciante de la zona centro anime a los de la calle Real a hacer campaña contra nuestras vecinas y vecinos manteros. En realidad estas personas jamás han creado un sólo incidente y su actividad, además de no ser delictiva (no se contempla así en el Código Penal), es para muchos de ellos la única manera de subsistir de que disponen. La mayoría llevan cerca de diez años o más con nosotros. Con una ley racional tendrían ya la nacionalidad o la residencia y podrían dedicarse a otras actividades. En general, gracias a ese trabajo consiguen ayudar a sus familias en origen. Podríamos decir que son personas "coruñesas de toda la vida". La campaña que soportan periódicamente unas veces les acusa de "hacer feo" y otras de "competencia desleal". Decir que otra persona hace feo sería un mero insulto en otro caso, pero en este, es una incitación al racismo. Decir que hacen "competencia desleal" es una mentira lisa y llana, ya que sus productos son bien distintos de los que vende cualquier comercio de la zona. Mucho nos tememos que en la actual "atmósfera" que mencionábamos antes, haya partidos políticos que secunden la criminalización de estos vecinos con tal de desgastar al actual gobierno municipal, emponzoñando aún más el ambiente.

Lo que nos preocupa es que haya personas vecinas nuestras atrapadas en un laberinto legal que les niega el derecho al trabajo entre otros varios. Tal situación debería ser excepcional y no convertirse en habitual. No estamos ante un tema comercial ni mucho menos de orden público, sino ante una cuestión sociolaboral y es, desde ese enfoque desde el que hay que tratarla. Además, la Administración debería tomar la iniciativa en atraer inmigración de forma adecuada para facilitar la acogida e integración de muchas más personas, ya que la pirámide poblacional de Galicia se está invirtiendo muy aceleradamente. Necesitamos, ante la falta de natalidad, la llegada de personas que garanticen nuestra viabilidad social. Una sociedad sólo de personas mayores es una sociedad que se vacía y necesita ayuda.