El Partido Popular de Galicia, tras las presiones de alcalde y los empresarios de Vigo, se vio obligado a extender al resto de autoridades portuarias gallegas la petición para punta Langosteira, iniciada por el Concello coruñés tras conocerse que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había condonado 350 millones al consorcio que gestiona los muelles de Valencia transformados para celebrar la Copa América y la Fórmula 1. La situación y la necesidad de los puertos de interés general de la comunidad, sin embargo, no es ni mucho menos la misma. El de A Coruña es el que tiene una mayor cifra de negocio pero con un resultado final lastrado por la elevada deuda para construir el puerto exterior. Además, ningún puerto de Galicia ha planificado enajenar su fachada marítima para amortizaciones por la construcción de infraestructuras.

Los datos económicos y la situación financiera de las autoridades portuarias gallegas están recogidos en las cuentas generales de dichas entidades de 2017, registradas en el Ministerio de Hacienda. Los puertos de interés general en Galicia son cinco: A Coruña, Vigo, Marín-ría de Pontevedra, Ferrol-San Cibrao y Vilagarcía de Arousa. Son dependientes de Puertos del Estado pero sus presidentes los nombra la Xunta a través de la Consellería do Mar.

La deuda total de la Autoridad Portuaria de A Coruña, según su cuenta general de 2017, son 316,5 millones de euros. Esta cantidad es 3,4 veces la del total de la deuda de las cuatro autoridades portuarias restantes (un total de 92,8 millones de euros). Analizando la deuda a largo plazo (pasivo no corriente), la de la Autoridad Portuaria de A Coruña (308,2 millones) es 4,3 veces la del total de los puertos restantes (72). En cuanto a los gastos financieros, motivados por la deuda, son 3,9 veces más que el total de gastos financieros de las Autoridades Portuarias de los cuatro restantes puertos de interés general.

Por todo esto, aunque la Autoridad Portuaria de A Coruña es la de mayor cifra de negocio de los cinco puertos de interés general de Galicia, tiene un elevado resultado financiero negativo, lo que hace que sea la Autoridad Portuaria con menor resultado final (beneficio neto).

Ninguna de las autoridades portuarias gallegas, a excepción de la coruñesa, ha previsto vender terrenos para abonar una deuda que se contrajo aumentando o mejorando sus infraestructuras. En A Coruña, los convenios que firmaron el Gobierno de Francisco Vázquez y los Ejecutivos de Aznar y Zapatero, dejaron obligada una operación inmobiliaria en el centro de la ciudad con la que costear una dársena necesaria para sacar los tráficos peligrosos del casco urbano.