Cinco años después del cierre de la fábrica y cuatro desde la adjudicación a Hércules de Armamento de las instalaciones firmada por el Ministerio de Defensa, los extrabajadores de la fábrica de armas han decidido aparcar sus concentraciones de los últimos viernes de mes delante de la Delegación del Gobierno. Allí estaban, con lluvia o con sol desde que se anunció la marcha de General Dynamics en 2013 y desde que Hércules de Armamento ganó el concurso para gestionar las instalaciones. Les parece "lo más correcto" en "una nueva etapa de diálogo" tras las reuniones con el delegado del Gobierno, Javier Losada, y con el secretario de Defensa, Ángel Olivares.
El Ministerio inició en agosto el expediente de reversión del contrato de las instalaciones por impago del canon que Hércules de Armamento tiene que abonar al Estado a cambio de la concesión. Culminaban así cuatro años convulsos en los que hubo cortes de luz por deudas y plantes de varias empresas de seguridad, también por impagos. Llegó a perder la licencia para fabricar armas de manera temporal por no tener esta vigilancia. Según recogen las cuentas de la concesionaria de 2017, la deuda alcanza los 6,5 millones y el déficit anual roza el millón. La situación ha originado hasta ocho denuncias en los juzgados.
Este negro escenario fue protagonista de las advertencias de los extrabajadores, despedidos o jubilados, antiguos representantes de UGT en la factoría, que apostaban por que el concurso de Defensa fuese ganado por el grupo IFFE. Esta entidad llegó a triplicar su capital social con la vista puesta en la licitación que finalmente perdió.
El cierre y la posterior entrega a Hércules de Armamento, tras un concurso abierto con solo dos aspirantes, inició estas concentraciones de viernes en la plaza de Ourense. Después del cambio en La Moncloa, opinan ahora que ha llegado el momento de suspenderlas. Lo anunciaron este semana al entender que se ha abierto "una nueva etapa de diálogo y compromiso" con la llegada del nuevo Gobierno central.
Relatan que el nuevo delegado de Gobierno, Javier Losada, les recibió "a pie de calle" en junio y en las dependencias de la Delegación en julio; además de las reuniones mantenidas por los sindicalistas Roberto Teijido y José Carrillo con el diputado socialista en el Congreso Ricardo García Mira y el secretario de Estado de Defensa. La última concentración, convocada para el viernes pasado, ya no se celebró. Sin embargo, los extrabajadores aseguran que seguirán "luchando" por sus empleos y "la reactivación de la actividad industrial".
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, celebró el hecho de que se hayan suspendido las concentraciones. En un comunicado enviado ayer, el máximo representante del Estado en Galicia destacó el esfuerzo de los operarios despedidos a lo largo de este tiempo y mostró su confianza "en que se alcance una salida para garantizar la viabilidad de la factoría y la necesaria actividad industrial en A Coruña y su área metropolitana".
Enfrentamiento sindical
Los actuales trabajadores de la fábrica han sufrido impago y retraso de salarios en este tiempo, que ha llevado a la convocatoria de jornadas de huelga. La CIG, que domina el actual comité de empresa, llegó a acusar a UGT de arrogarse una representación que no le corresponde y de "boicotear" el inicio de la actividad industrial. El Tribunal Supremo rechazó el pasado año la impugnación del ERE presentado por la CIG y CGT, que solicitaban la nulidad de los despidos por ser "un despropósito del principio hasta el final".
