El concurso de vivienda para alquiler social ha provocado diversas peticiones. La última, la del alcalde, Xulio Ferreiro, que se disculpó ante la ciudadanía y, la más grave, la de la oposición, que reclama la dimisión del concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y la del de Emprego y Economía Social, Alberto Lema. Hoy, en el pleno extraordinario específico por este asunto, forzado por el grupo municipal del PP, se verá si la primera petición ha satisfecho a la oposición y si esta consigue que su reclamación de ceses se cumpla. No parece posible que se registren ninguna de las situaciones.

PP y PSOE, que desde hace meses tienen en este asunto uno de sus caballos de batalla más destacados contra el Gobierno local harán frente común en críticas y voto a favor para sacar adelante la solicitud de los populares de que el propio regidor obligue a la renuncia de los dos ediles. El BNG también ha solicitado responsabilidades políticas a estos dos responsables municipales por lo que podría unirse en el voto a sus compañeros de oposición. Sea como sea, la mayoría del pleno sacará adelante la iniciativa y sacará los colores al Ejecutivo municipal, que en los últimos días ha tratado de hacer un lavado de cara que, sin saber el efecto en la ciudadanía, no convence a la oposición.

Primero se anunció la dimisión de la jefa de Rehabilitación y Vivienda, el mismo día en que se conocía que el Consello Consultivo consideraba nulas las compras de dos de las seis viviendas. Comenzaba entonces a girar la palabra "errores humanos" entre Varela y Ferreiro, que la repetiría en varias ocasiones. Tras defender la buena fe y los loables objetivos del concurso de vivienda, el alcalde acabó anteayer por pedir públicamente perdón por el "francamente mejorable" procedimiento de adquisición de pisos para el parque inmobiliario municipal.

Unas viviendas que él mismo anunció ayer que ya están habitadas. En un caso, dijo sin especificar cuál, hay una familia con dificultades económicas y, al llevar el procedimiento de nulidad unos plazos que llevan semanas o meses, Ferreiro explicó que allí permanecerán. "Hasta que se acabe podrá seguir siendo habitado y después, si hay que reubicar a esa familia, se reubicará", garantizó el regidor.

Justamente los plazos también son, por ahora, una incógnita. La Junta de Gobierno Local declaró el viernes pasado la nulidad de la compra del piso de la calle Joaquín Martín Martínez y propuso la anulación del de la calle Santander, para elevarla al Consello Consultivo. Por último, tal como había anunciado, también aprobó la revisión de oficio de otras tres viviendas, las de la calle Fe, Santander y Almirante Mourelle. Con el inicio de este último trámite, los tres propietarios podrán presentar documentos y alegaciones, aunque se desconoce por el momento de qué período temporal se trata. En sus instancias, como hiciera el otro propietario en este mismo plazo, podrán ya anunciar si pedirán indemnizaciones por daños y perjuicios si finalmente se declaran nulas las compras de sus viviendas. "Los administrados tienen sus derechos y pueden ejercitarlos", reconoció ayer el alcalde.

"Los procesos tienen sus tiempos", también apuntó Ferreiro con respecto al momento en que el Concello reclamará a los propietarios la devolución de lo percibido por su piso. "Será en el momento procedimental que corresponde. Aún no se comenzó", aclaró. Unos tiempos que se pueden alargar durante meses. Cuatro fueron los que tardó el Consultivo en contestar a los dos primeros expedientes enviados por el Ayuntamiento, por lo que en 2019 todavía se seguiría tratando este tema en el palacio municipal de María Pita. Es más, previendo los, a veces, eternos períodos administrativos, puede que sea el nuevo, o ya conocido, Gobierno local que salga de las urnas de mayo del año que viene quien siga lidiando con el asunto.