En septiembre de 2008 la gestión de la fábrica de armas de Santa Bárbara pertenecía a la multinacional estadounidense General Dynamics, cuyo plan industrial para estas instalaciones preveía trasladarlas a otra ubicación más adecuada, ya que las de Pedralonga eran excesivas para la producción que se realizaba. La compañía vinculaba la continuidad de la factoría a este cambio de ubicación y planteaba cuatro emplazamientos industriales posibles: Bens, Sabón, A Grela y Pocomaco.

Los terrenos que finalmente se eligieron fueron el antiguo parque de automóviles que el Ejército poseía en A Grela, para los que se llegó a elaborar un proyecto completo sobre la nueva fábrica. El presidente de la multinacional llegó a visitar el que debía ser el nuevo asentamiento de Santa Bárbara en la ciudad, pero el Ministerio de Defensa rehusó participar en la financiación de la operación, que tendría un coste de 25 millones de euros, lo que hizo que el plan se frustrara y que la planta continuase en Pedralonga.

El progresivo declive de la actividad productiva en la fábrica llevó a que se cerrara en 2013, después de un encierro de parte de los trabajadores que duró seis meses para evitar su despido, que finalmente se ejecutó. Defensa abrió entonces un concurso para buscar un nuevo gestor de la factoría, que resultó ser Hércules de Armamento, cuya actividad comenzó en 2014.

Cuatro años después, esa compañía se encuentra a las puertas de perder la concesión, ya que el ministerio prevé comenzar en breve el proceso para recuperar las instalaciones al considerar que se incumplieron las condiciones fijadas en el contrato, entre ellas el pago de un canon anual.

Si finalmente esa iniciativa se materializa y la concesionaria, cuya gestión ha pasado por todo tipo de sobresaltos desde el primer momento, el Ministerio de Defensa deberá convocar un nuevo concurso para ceder la gestión del recinto.

Atractivo inmobiliario

Cuando hace diez años se planteó la posibilidad de la salida de Santa Bárbara del complejo en el que había comenzado su labor cincuenta años atrás, sobre esta operación sobrevolaba el interés porque los 350.000 metros cuadrados que ocupaba fuesen recalificados para dejar paso a iniciativas inmobiliarias en un lugar de gran atractivo.

Con la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Municipal en 2009 se calificaron los terrenos como suelo residencial, pero al verse que el traslado de la fábrica no era factible, el Gobierno local del PP mantuvo el carácter industrial de las parcelas en el documento urbanístico que se aprobó de forma definitiva en 2013, por lo que un cambio de destino de esos terrenos precisaría una modificación.