El procedimiento para la retirada de la concesión de las instalaciones de la fábrica de armas a la empresa Hércules de Armamento ya está en marcha, según informó a este diario el Ministerio de Defensa. "Se ha iniciado un proceso por impago del canon anual cuyo final, si las condiciones no cambian, será la revocación de la concesión de la fábrica de armas", sentencian fuentes del departamento estatal.
Según explican las mismas fuentes, el proceso por impago "lleva implícito un procedimiento jurídico que está en trámite". Hasta que se resuelva este trámite, ya incoado y que incluye periodo de audiencia, oportunidad de reposición y alegaciones para la empresa, "no se puede aventurar una solución por parte del departamento".
Fuentes del Ministerio indican que la tramitación debería concluir con la revocación del contrato pero que cabe la posibilidad de que las condiciones actuales, de incumplimiento de las obligaciones firmadas por parte de la empresa, cambien. Así, hay que esperar a la resolución del procedimiento iniciado, que había avanzado el diputado socialista Ricardo García Mira el pasado mes de agosto.
Entre otros trámites, dadas las especiales características de la concesión, la revocación debe contar con un informe del Consejo de Estado, requisito que demorará el proceso. El Gobierno central informó el pasado 30 de julio al propio García Mira en respuesta a una pregunta en el Congreso de los Diputados de que Hércules de Armamento tiene suspendida su autorización para fabricar material bélico por carecer de servicio de vigilancia en sus instalaciones de Pedralonga, tanto con medidas activas como pasivas. El Ejecutivo aclaró en esta contestación que la seguridad de la factoría, cuya propiedad es del Ministerio de Defensa, le compete a la actual concesionaria.
La empresa dejó de contar con los servicios de la compañía a la que tenía contratada la protección del complejo por los impagos sufridos, una situación a la que ya se había enfrentado con subcontratas anteriores y que se extendió al suministro de agua y luz.
El contrato para gestionar las instalaciones de la antigua Santa Bárbara estableció un canon anual de 250.000 euros que Hércules de Armamento solo abonó en 2014, el primer año de su concesión. Los del segundo y tercer año, junto con una parte del cuarto fueron cobrados por Defensa con el aval de 400.000 euros que la concesionaria tuvo que aportar al hacerse con la concesión y que se agotó antes de poder satisfacer toda la deuda contraída.
Los empleados también se ven afectados por la situación de la empresa, que carece de actividad por la ausencia de carga de trabajo, ya que sufren el impago de los salarios. Al conocer que Defensa pretende revocar la concesión a Hércules de Armamento, los 61 trabajadores de la antigua Santa Bárbara que fueron despedidos al negarse a la oferta realizada por General Dynamics, la anterior gestora de la fábrica, cesaron las protestas que realizaban desde que comenzaron los problemas de la nueva responsable de las instalaciones.
Las cuentas de 2017
Al incierto futuro que le espera a la fábrica, se le añade su difícil situación económica. La empresa registró en 2017 pérdidas por valor de casi 870.000 euros e incrementó el volumen de su deuda en casi 1,5 millones de euros con respecto al año anterior, hasta llegar a los 6,5 millones. Las cuentas de la concesionaria reflejan un aumento de su cifra de negocio del 138%, que se traduce en unos escasos 116.587 euros con los que afrontar los pagos pendientes que arrastra Hércules desde el comienzo de su gestión. Desde entonces, las pérdidas crecieron cada año hasta llegar a los 1,18 millones de euros en 2016 y cayeron un 26,5% el último ejercicio, que coinciden con la disminución considerable de plantilla.
