"Por desgracia teníamos razón, Hércules de Armamento no tiene capacidad". El antiguo presidente del comité de empresa de la fábrica de armas, Roberto Teijido, se muestra satisfecho de que el Gobierno central haya iniciado el trámite para poder desalojar a Hércules de Armamento de la factoría. Eso sí, pide "agilidad" para que los trámites se realicen de la manera más rápida posible y se pueda retomar la actividad laboral.

Los representantes de los actuales empleados rechazan realizar declaraciones al respecto del anuncio de Defensa ya que, argumentan, decidieron en asamblea que esperarán a que haya una resolución firme. Tienen esperanzas de que el dictamen sea "positivo", aunque no especifican cuál sería el mejor escenario para la plantilla que, según algunos sindicatos, no ha cobrado ningún salario.

El representante de los antiguos trabajadores es consciente de que, tal como explicó el Ministerio de Defensa, hay que esperar al dictamen del Consejo de Estado para poder revocar la concesión, pero también advierte de que este informe es preceptivo pero no vinculante. Por esta razón, cree que el Ejecutivo estatal pondrá fin al contrato al margen de lo que considere el órgano. Así se lo ha demostrado el secretario de Estado de Defensa en las tres reuniones que han mantenido en los últimos meses.

Una vez se libere la fábrica, Teijido explica que el Gobierno aún no ha decidido si optará por un nuevo concurso público o por una adjudicación directa. Esta última, apostilla, se ha hecho en instalaciones similares en el Estado y considera que no sería una mala opción. El portavoz de los trabajadores despedidos valora que se pueda "testar" a la concesionaria, a la hora de ver la capacidad de gestión durante un plazo de tiempo determinado. "Lo que no se hizo con Hércules de Armamento, que fue un bluf", criticó.

Teijido reprocha que la concesionaria actual incumplió "todo", desde el pago del canon a Defensa -razón por la que ha iniciado el proceso para revertir la concesión- hasta el abono de los salarios a los trabajadores, pasando por el cumplimiento de las obligaciones de la empresa con la Agencia Tributaria.

Los antiguos trabajadores están satisfechos también con la posición de la Xunta que, dicen, apoyan las gestiones del Gobierno central para recuperar la concesión. Teijido ve positivo que haya una "conjunción" entre administraciones públicas para poder, según él, arreglar el que considera un "escándalo", tras años de que algunos partidos, apostilla el sindicalista, "miraran para otro lado".