El Gobierno central, a través de Instituciones Penitenciarias, impulsará en A Coruña, entre otras ciudades españolas, un programa para que los condenados por delitos de odio se reúnan con sus víctimas tras pasar por 50 sesiones de rehabilitación, individuales y grupales. A través del servicio de gestión de penas y medidas alternativas, ubicado en el Centro de Inserción Social Carmela Arias y Díaz Rábago, se iniciará en octubre el plan en la ciudad, que será voluntario para quienes cumplan condena de cárcel y obligatorio para los que tengan otro tipo de penas.
Los condenados, según la reforma del Código Penal de 2015, son aquellos que "fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia" y también para los que hayan sido penados por otros delitos pero con el agravante de "cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clases de discriminación". Habrá cuatro fases en el proyecto, que se iniciará con una evaluación y una fase terapéutica, para proseguir con el análisis del tratamiento y, por último, la ejecución de una acto de "justicia restaurativa" que se escenificará con un encuentro con la víctima.
La ONG Ecos do Sur considera "muy positiva" la medida, aunque no conoce todos los detalles del programa, y pide colaboración de entidades sociales para "extraerlo del ámbito penitenciario y traerlo al contexto social". La coordinadora de su programa de prevención de delitos de odio a través de la lucha contra el ciberodio, Natalia Monje, considera positivo que se trate la fase posterior a la condena que, hasta ahora, "estaba vacía", pero alerta de que la víctima, desde que denuncia, no recibe "acompañamiento" y está "desatendida". Por esta razón, reclama que también haya un proceso de apoyo a estas antes del encuentro y que ambos se puedan convertir en "agentes sensibilizadores". Monje apunta a ejemplos parecidos con buenos resultados en el caso de ETA o con neonazis en Estados Unidos: "Si está bien gestionado, funciona".
