La Fiscalía Provincial de A Coruña presentó ayer en el Juzgado de Guardia del partido judicial un escrito de denuncia instando a que se investigue, por presunto delito de prevaricación, la adjudicación de la cesión del uso del antiguo edificio de la prisión provincial de A Coruña a la asociación Proxecto Cárcere, por resolución de 8 de septiembre de 2017 dictada por la concejala de Participación, Claudia Delso.

De esta forma concluyen las diligencias de investigación abiertas por el Ministerio Público el pasado mes de agosto, a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular, según explica la propia Fiscalía Provincial. Según ha informado en una nota de prensa, "las circunstancias investigadas configuran la base indiciaria que permite presentar a la instrucción judicial unos hechos de los que parece desprenderse la prevalencia del interés de ceder el uso del edificio a la asociación Proxecto Cárcere por encima del cumplimiento estricto de la legalidad".

Por este motivo, el Ministerio Fiscal estima necesario "profundizar en la instrucción por la vía judicial ante la posibilidad de un delito de prevaricación", desechando la existencia de indicios de los delitos contra la administración de justicia y de malversación que habían sido también objeto de la denuncia inicial.

Código ético

Ahora le tocará decidir al juez responsable, lo que puede suponer que cite a declarar como investigados o imputados a algunos miembros del Gobierno municipal. En el código ético de la Marea Atlántica, figura un punto en el que los cargos electos se comprometen a renunciar "de forma inmediata" ante una imputación judicial de delitos relacionados con "corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno y malversación y apropiación de fondos públicos, sea por interés propio o para favorecer a terceras personas".

"Se entenderá por imputación judicial la existencia de una resolución motivada donde un juez estime la existencia de indicios racionales de delito", continúa el articulado, que remata con que no será causa de dimisión o cesión "la imputación resultado de una actuación expresa y previamente autorizada por Marea Atlántica".