El grupo municipal del PP interpreta la denuncia de la Fiscalía por posible prevaricación en la adjudicación de los usos de la cárcelFiscalía como la "corroboración" de su demanda ante el Ministerio público por el proceso seguido por el Gobierno local, "a dedo" y "a medida" de Proxecto Cárcere. Los populares reclaman al alcalde, Xulio Ferreiro, "explicaciones públicas y urgentes ante las irregularidades". El PP remarca que Proxecto Cárcere está formada "por concejales y asesores de Marea Atlántica". El Gobierno local admite la participación de una edil, Rocío Fraga, en esta entidad, pero solo hasta 2016, y señala que Fraga no participó en la convocatoria para la cesión de usos de la antigua prisión.
El PP entiende que la decisión del Consello Consultivo de Galicia de anular la compra en concurso público por parte del Concello de dos pisos propiedad de un miembro fundacional de Marea Atlántica y la denuncia interpuesta por Fiscalía en el caso de la antigua prisión evidencian que "el grupo popular fue riguroso en sus afirmaciones y tenía razón en sus acusaciones".
La reacción de PSOE y BNG
Los grupos municipales de PSOE y BNG coincidieron en censurar al Gobierno local por el proceso que siguió para adjudicar los usos de la cárcel. Para los socialistas, debía haber optado por una "subvención directa" y "no pretender vestir de concurrencia competitiva aquello que difícilmente se podía explicar", según su portavoz municipal, José Manuel García. El PSOE ha anunciado que convocará la comisión municipal de Participación, que preside, para que la edil de este área, Claudia Delso, que firmó la adjudicación a Proxecto Cárcere, dé explicaciones.
"Lamentamos -afirma la edil del BNG, Avia Veira- que la única entidad que lleva apostando por la recuperación de ese espacio y que presentó una propuesta seria y rigurosa se vea afectada por la elección del Gobierno local del modo de cesión del uso". Para el BNG supone una "mala noticia" porque "significa que el procedimiento no fue el adecuado".
Los nacionalistas anticipan que si algún edil del Gobierno local resulta imputado por esta denuncia, "obviamente Marea Atlántica deberá actuar en consecuencia y cumplir con el punto 9 de su programa electoral". Tanto en su programa electoral como en su código ético, Marea Atlántica recoge el compromiso de sus cargos públicos de "renunciar de forma inmediata ante la imputación judicial" por diferentes delitos, entre ellos prevaricación, por el que denuncia Fiscalía. "Se entiende por imputación judicial la existencia de una resolución motivada en la que un juez estime la existencia de indicios racionales de delito", concreta Marea.
