La Fiscalía Provincial presentó ayer en el Juzgado de Guardia una denuncia que insta a investigar, por un posible delito de prevaricación, la cesión del uso del antiguo edificio de la prisión provincial de A Coruña a la asociación Proxecto Cárcere por parte del Concello. La denuncia se dirige contra la concejala de Participación, Claudia Delso, por ser la que firmó la resolución del 8 de septiembre de 2017, en la que se formalizó la adjudicación de la gestión del penal de la Torre a la entidad sin ánimo de lucroadjudicación .
La apertura de diligencias se realizó en agosto después de una denuncia del PP, que estimaba que el concurso estaba "predeterminado" para ser adjudicado a Proxecto Cárcere. El Ministerio fiscal informó ayer de que "las circunstancias investigadas configuran la base indiciaria que permite presentar a la instrucción judicial unos hechos de los que parece desprenderse la prevalencia del interés de ceder el uso del edificio a la asociación Proxecto Cárcere por encima del cumplimiento estricto de la legalidad".
Estima así necesario que un juzgado "profundice" en la instrucción ante la " posibilidad de un delito de prevaricación", tipificado en el Código Penal como la acción de una autoridad o funcionario público que, "a sabiendas de su injusticia", dicte "una resolución arbitraria en un asunto administrativo". Fuentes del Ministerio público aclaran que la denuncia del fiscal jefe se dirige contra la edil responsable de Participación. La Fiscalía Provincial desecha los otros dos delitos denunciados: uno contra la Justicia, al rechazar que ocultaron parte del expediente al juzgado de lo Contencioso donde el PP ha presentado un recurso; y otro por malversación, al descartar que las obras hayan implicado un "perjuicio económico para las arcas municipales".
El decreto de la Fiscalía fue firmado por el fiscal jefe, Javier Rey Ozores, el 28 de septiembre, y es la base para la denuncia presentada en la mañana de ayer. Según este texto, el PP pretendía que se denunciase, además, al edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, porque "asumió como compromiso electoral" los planes de Proxecto Cárcere y tuvo "control directo" del expediente; y al alcalde, por ser "conocedor de las irregularidades". Los populares han presentado también un recurso en el Contencioso-administrativo, que sigue en instrucción.
Según recoge el decreto del fiscal jefe, la denuncia del PP enumera, entre sus argumentos, que Marea asumió en su programa electoral "las actividades y fines del proyecto de la asociación adjudicataria"; que las bases del concurso coinciden en parte con un plan de viabilidad presentado por Proxecto Cárcere a todos los grupos municipales unos meses antes de abrirse el concurso; y "la permisividad actual por parte de las autoridades municipales de la utilización diaria del edificio" lo que, dicen, "está en contra de los términos de la cesión".
La prisión reabrió en agosto, una vez terminadas unas obras de adecuación que, por el mal estado de las instalaciones, no cumplieron las expectativas. Quedaron disponibles para actividades poco más de cien metros cuadrados de los 1.300 del antiguo penal, cerrado hace treinta años, y solo reabierto en un pequeño periodo durante el bipartito.
El concurso se abrió en mayo de 2017, algo que fue posible tras el acuerdo con el Ministerio del Interior, aún titular del edificio, mientras no se resolviesen los pleitos judiciales por la titularidad. En lugar de firmar un convenio con la entidad que había reivindicado su apertura durante la última década, el Concello optó por otorgar la cesión a través de un concurso en régimen de concurrencia competitivaconcurso . Las bases de la convocatoria municipal detallaban que la concesionaria no recibiría remuneración alguna del Concello y que solo podría cobrar tarifas para cubrir gastos de organización. Se presentaron dos entidades, Proxecto Cárcere (134 puntos) y un club de roller derby (46 puntos).
El Gobierno local rechazó un recurso de reposición del PP, que pedía la anulación, porque entre los participantes en Proxecto Cárcere, figuraban tres ediles de Marea [María García, Rocío Fraga y Xiao Varela], un funcionario que formó parte del jurado y una asesora de Participación. Para el PP, estos hechos implicaban un "conflicto de intereses". Los letrados municipales concluyeron, sin embargo, que de todos los ediles y empleados municipales que el PP citaba como miembros, solo lo había sido Rocío Fraga, hasta septiembre de 2016, y que no tomó parte en la resolución sobre la cárcel. El funcionario señalado como "fundador" negó haber formado parte de la plataforma.
El PP alegó también que Delso, conocía el plan de Proxecto Cárcere antes de convocar el proceso; y que las condiciones del concurso coincidían "en esencia" con el documento entregado por la plataforma a los grupos municipales. La asesoría jurídica respondió que la presentación de un plan para la prisión por parte de Proxecto Cárcere "determinó el procedimiento seguido" después, en aplicación del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Explicaba que la norma regula el supuesto en que la administración recibe "una iniciativa de ocupación privativa y normal de un bien de dominio público" que "pueda ser de interés y se decida abrirlo a pública concurrencia". La asesoría jurídica alegó que aconsejó seguir ese procedimiento y que, por esa razón legal, las bases "fueron elaboradas a partir de la iniciativa presentada por Proxecto Cárcere, después de seleccionar las cuestiones que resultaban de interés y de la depuración de aquellas que se consideraban inoportunas, inconvenientes o mejorables para el interés público o para el propio edificio".
