Una vez que el procedimiento por un supuesto delito de prevaricación, denunciado por el fiscal jefe de A Coruña, llegue a manos de una sala de lo Penal le tocará tomar decisiones a su magistrado titular, que puede citar a declarar como imputados o investigados a los implicados en la actuación. La denuncia del Ministerio público conocida ayer se dirige contra la concejal de Participación, Claudia Delso.

En el punto número nueve del programa electoral de Marea Atlántica, así como en su código ético, figura que los cargos electos se comprometen a renunciar "de forma inmediata" ante una imputación judicial de delitos relacionados con "corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno y malversación y apropiación de fondos públicos, sea por interés propio o para favorecer a terceras personas".

"Se entenderá por imputación judicial la existencia de una resolución motivada donde un juez estime la existencia de indicios racionales de delito", continúa el articulado. El código ético añade que no será causa de dimisión o cesión "la imputación resultado de una actuación expresa y previamente autorizada por Marea Atlántica".