El largo camino para reabrir la cárcel

►El cierre. El Ministerio del Interior trasladó en 1998 al edificio construido en Teixeiro a los reclusos que hasta entonces se custodiaban junto a la Torre de Hércules. La antigua prisión, que había sido inaugurada en 1927, pasó a convertirse en Centro de Inserción Social para albergar a los presos que solo tienen que acudir a pasar la noche. La construcción de un nuevo centro en las inmediaciones deja en 2009 sin actividad a la antigua prisión, que desde entonces es utilizada por diversos colectivos para promover iniciativas culturales. El progresivo deterioro del inmueble lleva a la SIEP (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) a cerrarlo en julio de 2012 ante el riesgo que suponía para las personas.

►El convenio. El Gobierno local presidido por Francisco Vázquez firmó con el Ministerio del Interior en 2005 un acuerdo para que la cárcel pasara a manos municipales. A cambio, el Concello debía abonar 1,2 millones de euros, cifra que se fijó como diferencia de valor entre la parcela que ocupa la antigua prisión y la que ahora acoge el Centro de Inserción Social, ya que la primera ocupa 12.792 metros cuadrados y la segunda 9.000.

►Las alternativas. El Gobierno local de PSOE y BNG sopesó la idea de transformar la antigua cárcel en un parador nacional, aunque no prosperó. También se planteó abrir allí el centro de interpretación de la Torre de Hércules, mientras que los vecinos de As Atochas-Monte Alto reclamaron poder utilizar el edificio para iniciativas promovidas en el barrio. En 2010 se pone en marcha el colectivo Proxecto Cárcere, que defiende el uso de la vieja prisión como centro cultural y autogestionado.

►El recurso. La llegada del Partido Popular al Gobierno local supuso el rechazo al convenio suscrito con Interior, tras fracasar en el intento de recuperar la cárcel de forma gratuita mediante un recurso judicial, que fue resuelto a favor de Interior al estimar que el acuerdo de 2005 estaba vigente. El Concello inició entonces el proceso para anularlo amparándose en que la cesión del terreno realizada en 1925 estipulaba que retornaría al patrimonio municipal si el edificio perdía su función penitenciaria. La SIEP recurrió esa iniciativa, que está pendiente de una resolución del Tribunal Supremo, ya que la Audiencia Nacional también falló a favor de las tesis que defiende el Gobierno central.

►Nueva orientación. Marea Atlántica incluía en su programa electoral el respaldo a la propuesta de Proxecto Cárcere para la prisión, por lo que a su llegada al Gobierno local en 2015 defendió que el edificio acogiese actos culturales y sociales mediante la fórmula promovida por ese colectivo. El nuevo Gobierno local negoció además con Interior un convenio para la cesión de la cárcel que permitiese su uso mientras se dirimían sus diferencias sobre la propiedad en los tribunales. En aquel momento incluso se estudió además la idea de instalar en el inmueble un albergue para jóvenes.

►La cesión. En enero de 2017 Concello y Ministerio del Interior firmaron un acuerdo mediante el que el primero dispondría del uso de la prisión durante un periodo inicial de dos años que será prorrogable cada año por uno más si se presenta la solicitud mientras no exista una resolución judicial sobre la propiedad. Aunque la cesión fue gratuita, ambas administraciones se comprometieron a aportar cada una 150.000 euros para rehabilitar la cárcel, aunque a la SIEP se le descontó de esa cantidad el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles que abona por el edificio.

►El concurso. Tras conseguir el uso de la prisión, el Gobierno local abrió en mayo de 2017 un procedimiento para adjudicar su gestión, que reservó en exclusiva a entidades sin ánimo de lucro y para la realización de "proyectos de dinamización cultural y sociocultural, mediante concurrencia competitiva". Las bases señalaban que los aspirantes a gestionar el edificio no recibirían ninguna remuneración económica y que solo podrían cobrar tarifas por las actividades que organizasen siempre que se destinasen a cubrir los gastos generados. El concurso contó solo con dos participantes, el club de roller derby As Brigantias y el colectivo Proxecto Cárcere. El primero obtuvo 46 puntos por su propuesta para utilizar el inmueble como centro de entrenamiento de su especialidad deportiva, basada en el patinaje, mientras que el segundo logró 134 puntos con su plan para abrir talleres de bioconstrucción, una oficina de atención a las víctimas del franquismo, una emisora de radio, una guardería, una tienda, una escuela y una biblioteca. En septiembre el Gobierno local adjudicó la gestión a Proxecto Cárcere, aunque la entidad no pudo ocupar la prisión de inmediato, ya que antes debía ser restaurada debido al abandono que padeció durante años.

►El recurso. El grupo municipal del Partido Popular consideró irregular desde el primer momento la adjudicación de la gestión a Proxecto Cárcere, por lo que presentó un recurso de reposición que fue rechazado por el Gobierno local. A continuación llevó el caso a los tribunales y distribuyó un folleto titulado El chiringuito de Xulio Ferreiro que acusó al alcalde de conceder "a dedo" la utilización de la prisión, lo que basó en que tres concejales de Marea -María García, Rocío Fraga y Xiao Varela-, un funcionario que formó parte del jurado del concurso y una asesora de la edil de Participación habían sido miembros de Proxecto Cárcere. La respuesta municipal fue que tan solo Rocío Fraga había integrado el colectivo y hasta septiembre de 2016 y que además no tomó parte en el concurso. Para Ferreiro, la actuación del PP superó "una vez más todos los límites de la honestidad y el juego limpio".

►Las obras. El Concello adjudicó en octubre los trabajos para reformar la cárcel, con la pretensión de que durasen solo 56 días, pero una vez que la constructora comenzó a examinar el edificio, se encontró con que los daños que sufría eran mucho mayores de lo estimado inicialmente, por lo que las obras se prolongaron hasta la primavera. Los problemas apreciados obligaron además a reducir de forma sustancial los 1.300 metros cuadrados que se habían previsto utilizar. Ambas partes firmaron finalmente el convenio de cesión el 7 de junio, momento en que Proxecto Cárcere comenzó a preparar la reapertura del recinto.

►Puertas abiertas. El pasado 4 de agosto se celebró la fiesta de apertura de la antigua cárcel y el diseño de las primeras iniciativas que se preveían desarrollar en el lugar. El PP continuó su campaña de oposición a la gestión de Proxecto Cárcere denunciando la realización de actividades no comunicadas al Concello y la presencia de niños en las instalaciones, aspectos que el colectivo desmintió.

►La denuncia. La iniciativa judicial del PP estimaba que la adjudicación a Proxecto Cárcere suponía la comisión de los delitos de prevaricación, malversación y contra la administración de justicia. El pasado martes, la Fiscalía Provincial presentó una denuncia en un juzgado contra la concejal de Participación, Claudia Delso, como presunta responsable del primero de esos delitos. Tanto el Gobierno local como Proxecto Cárcere negaron haber cometido ninguna irregularidad durante el proceso, mientras que el PP anunció que se personará como acusación particular cuando se abra la causa y exigió dimisiones en el Ejecutivo municipal.