La defensa del hombre acusado de matar a su hijo de 11 años en Oza-Cesuras el Día de la Madre de 2017 pide que sea ingresado en un centro psiquiátrico. El abogado Ignacio Espinosa insiste en que el encausado sufre un trastorno mental que le pudo llevar a padecer un "brote psicótico" o una "idea delirante" y descarta que cometiera el crimen como "venganza". Por el contrario, el Ministerio Fiscal y las acusaciones -la particular, que ejerce la madre del niño, la de la Xunta y la popular, a cargo de la asociación Clara Campoamor- mantienen la petición de prisión permanente revisable y, tras seis jornadas de juicio, añadieron el agravante de parentesco y violencia de género. Según la fiscala, el hombre mató a su hijo con el objetivo de "causar el mayor daño posible e irreparable" tanto para el pequeño como para su expareja. El jurado popular comenzará a deliberar en la jornada de hoy.

En la última jornada del juicio, celebrado ayer en la Audiencia Provincial, el letrado de la defensa siguió reclamando la libre absolución ya que, dice, "técnicamente" no se ha demostrado la autoría. No obstante, por los "indicios" aportados, pide la eximente de trastorno mental, bien en su modalidad completa, que lo absolvería, como en la incompleta, que conllevaría una rebaja de la pena, que también solicita por haber llevado a la Policía hasta el cuerpo del menor, en un bosque del municipio de Oza-Cesuras de difícil acceso. "El hallazgo del cadáver fue única y exclusivamente por la colaboración de mi cliente", expuso Espinosa ayer.

La Fiscalía descarta el trastorno mental del hombre y sostiene que "planificó" la muerte de su hijo y lo mató "de forma sorpresiva" con una pala metálica. "El niño fue golpeado de forma brutal y violenta", insistió la fiscal. Por su parte, la acusación particular coincide en que el procesado llevó al menor hasta una pista forestal "con ánimo de matarlo, para matar en vida a su madre" y que no asesinó a su exmujer porque era "muy difícil". En el juicio quedo demostrado que la expareja no salía de casa sola desde que se separaran en 2009. La letrada de la Xunta destacó que ninguno de los nueve psiquiatras que trataron al hombre "observó nada indicativo de trastorno psicótico" y la acusación popular apuntó que el asesinato responde a que el acusado quiso causar el máximo daño.