Catorce años después de la firma de los convenios que prevén la venta de los muelles interiores para financiar el puerto exterior, el Ministerio de Fomento reunirá por primera vez a la comisión de seguimiento prevista en ambos acuerdos para supervisar su desarrollo, que está integrada por Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, Autoridad Portuaria, Concello, Xunta y Renfe. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, anunció ayer que la reunión se llevará a cabo en el plazo de un mes y que tendrá por finalidad "arreglar un desastre", en alusión al protocolo suscrito por Xunta, Autoridad Portuaria y Puertos del Estado el pasado mes de abril sobre los terrenos portuarios y la financiación del tren al puerto exterior.
Ese acuerdo establece el compromiso de la adquisición por el Gobierno gallego del 51% de la propiedad de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo por veinte millones de euros y una reserva sobre el de San Diego si el Puerto necesitara mayores recursos. Fomento se comprometió a asumir la construcción del enlace ferroviario del puerto exterior mediante un acuerdo entre Puertos del Estado y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Losada, quien también anunció que la presidenta de Puertos del Estado, María Ornella, recibirá al alcalde, Xulio Ferreiro, destacó que el acuerdo sobre la conexión por ferrocarril a punta Langosteira se hizo "sin conocimiento de Adif", pese a que prevé "obligaciones para Adif de pago de una obra sobre la que no tenía conocimiento".
El delegado del Gobierno aseguró sin embargo que la actual presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, se ha comprometido a "reestudiar" la situación para "conseguir que la conexión ferroviaria sea una realidad". Losada apostó además por sacar el debate sobre los muelles de la ciudad de "la pelea partidista", así como por trabajar "con diálogo y consenso".
La convocatoria de la comisión de seguimiento de los convenios de 2004 era una reclamación planteada por Marea Atlántica y el PSOE, quienes pretenden cambiar los términos de los acuerdos, en los que se prevé la venta de los muelles que queden liberados para costear las obras de punta Langosteira. Tras la firma del protocolo entre Xunta y Fomento, del que se excluyó al Gobierno local para luego invitarle a que se sumase, el pleno del Concello aprobó cuatro mociones promovidas por ambos grupos políticos que exigen la negociación del futuro de los terrenos portuarios en el seno de la comisión de seguimiento.
Para conseguir este objetivo, el Gobierno local envió cartas a todos los organismos que forman parte de la comisión, aunque el Gobierno gallego fue el único en contestar a la invitación y solo para condicionar su asistencia a que el Ministerio de Fomento también lo hiciera. Durante el mandato del Partido Popular, el Gobierno central se mostró totalmente reacio a variar las previsiones que contienen los convenios de 2004, suscritos cuando los socialistas gobernaban en Madrid y en el Ayuntamiento coruñés, mientras que el PP dirigía la Xunta, en la que su conselleiro de Política Territorial era Alberto Núñez Feijóo actual presidente autonómico.
Los convenios de 2004 establecen en su cláusula octava que la comisión de seguimiento tiene por fin "conocer y discutir las soluciones urbanísticas que el Ayuntamiento proponga para el avance del nuevo plan general", que entonces no había comenzado a elaborarse y que está en vigor desde 2013. Pero el Gobierno local se plantea que la comisión tenga un cometido mucho más ambicioso, de forma que pueda llevar a cabo el cambio de los contenidos de los acuerdos y fije unos nuevos usos para los terrenos portuarios incluidos en ellos.
El pacto alcanzado en 2004 determinó que los muelles de la Batería y Calvo Sotelo se dedicarían a iniciativas comerciales, hoteleras y de servicios, mientras que el de San Diego admitiría también estas actividades, aunque su destino fundamental sería el residencial y con un elevado índice de edificabilidad que aparece recogido en el plan general.
Otro de los objetivos del Gobierno local es que la comisión de seguimiento siente las bases de un nuevo plan financiero para hacer frente a la deuda adquirida por la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior, así como la obtención de recursos para el tren a Langosteira y la fijación de plazos para su puesta en marcha.
