El Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ha abierto una investigación por la cesión de usos de la antigua prisión a Proxecto Cárcere después de que la Fiscalía, tras una demanda inicial del Partido Popular, apreciara indicios de prevaricación en la adjudicación realizada por el Ayuntamiento. La magistrada titular abre diligencias previas al considerar que los hechos descritos por el Ministerio público "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

El auto emitido por el juzgado considera que no está determinado quienes intervinieron en estos hechos, por lo que no dirige la investigación hacia la concejala de Participación, Claudia Delso, señalada por la Fiscalía en su denuncia. Como primera medida en sus diligencias previas, la magistrada llama a declarar a la portavoz municipal del Partido Popular, Rosa Gallego, en su condición de denunciante del supuesto delito. Gallego entiende que el Gobierno local elaboró un concurso "a la medida" para poder adjudicar "a dedo" la gestión de la prisión a Proxecto Cárcere, colectivo del que considera que está formado "por concejales y asesores de Marea Atlántica". La edil del PP, formación que además se personó en esta causa, está citada para declarar el 14 de diciembre.

"Ya no es el PP, es la Fiscalía y ahora es el juzgado también quien ve indicios de prevaricación administrativa", declaró ayer la portavoz municipal de los populares en rueda de prensa tras conocer la decisión de comenzar la investigación judicial de los hechos. "No hay ninguna sorpresa, entra dentro de lo esperado", manifestó por su parte el alcalde, Xulio Ferreiro, para quien es una actuación "absolutamente ordinaria y normal" del juzgado a raíz de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal. El regidor, que niega las acusaciones del PP y defiende la legalidad y transparencia del proceso, expresó la confianza del Gobierno local en "poder aclarar todo" y recordó que todavía ningún responsable municipal ha sido llamado a declarar ni por el fiscal ni por el juzgado ni se le ha solicitado información al Concello sobre este procedimiento administrativo.

La Fiscalía Provincial decidió presentar la denuncia tras analizar la documentación presentada por el PP acerca del procedimiento para convocar y adjudicar el concurso mediante el que se cedió sin remuneración alguna la gestión de la cárcel. Los populares consideraron dirigido a beneficiar a Proxecto Cárcere. Según el fiscal, quien no solicitó al Gobierno local que diese su versión sobre los hechos ni que aportase otros datos distintos a los aportados por el PP, "parece desprenderse la prevalencia del interés de ceder el uso del edificio a la asociación Proxecto Cárcere por encima del cumplimiento estricto de la legalidad".

Ante esta apreciación, la Fiscalía consideró necesario "profundizar en la instrucción por la vía judicial ante la posibilidad de un delito de prevaricación". Con esta resolución, descartó que en la actuación municipal se hubieran cometido los delitos contra la administración de justicia y malversación que habían sido denunciados por el Partido Popular.

La concejal Claudia Delso, que firmó la adjudicación a Proxecto Cárcere de la cesión de la prisión en su condición de responsable de Participación Cidadá, acogió la denuncia de la Fiscalía con "total tranquilidad" y expresó su voluntad de acudir al juzgado cuando se le solicite para "aclarar cuanto antes en sede judicial cualquier particular relativo a este procedimiento". Para la edil, el concurso que convocó el Concello estaba destinado en exclusiva a "recuperar para A Coruña y su ciudadanía una infraestructura clave", a lo que añadió que la gestión del antiguo edificio penitenciario no generará ningún "beneficio económico" a Proxecto Cárcere.

"Tenemos la conciencia limpia", expuso sobre la denuncia de la Fiscalía por prevaricación Tono Galán, uno de los portavoces de Proxecto Cárcere, que comenzó sus actividades en la prisión el pasado 4 de agosto. "No podemos explicarnos más que con el trabajo que hemos hecho y que estamos haciendo", señaló Galán, para quien es el Concello el que debe dar las explicaciones sobre la actuación que siguió para cederles el uso del inmueble.