"Son dramas humanos", así define un miembro de la plataforma Stop Desahucios, Pablo Fernández, la situación a la que se enfrentan las personas incapaces de pagar el alquiler o la hipoteca que deben desalojar, por orden judicial, sus domicilios. Afirma que todo el mundo "quiere una vivienda digna" y cuando la pierde, se derrumba. Conoce casos diariamente, cada uno con sus detalles pero todos conmovedores. "Hay de todo. Mujeres separadas con hijos a su cargo, personas mayores, enfermos o discapacitados", revela.

De entre todas las historias que llegan a Stop Desahucios, Pablo Fernández recuerda la de una pareja de personas mayores que ha acabado viviendo en un centro sanitario. "El hombre, discapacitado y de 70 años, ni siquiera podía venir a las asambleas. Su mujer, además, tenía problemas del corazón. Los echaron de su casa y ahora están en un centro", lamenta.

La plataforma, además de defender a los afectados por los desahucios, se encarga de "aconsejar". "Intentamos ayudar a aquellos que por no pagar el alquiler van a ser desahuciados", explica, y añade que "es complicado porque la Ley de Arrendamiento Urbano se ha endurecido en los últimos años". Ahora la duración del contrato de alquiler se pacta libremente entre las dos partes -arrendador y arrendatario-, aunque la prórroga obligatoria es de tres años, cuando antes era de cinco.

Esto permite al casero elevar la renta mensual sin tener en cuenta las subidas del IPC general cuando vence el contrato, a los tres años. "Así, aunque pagues, puede llegar un día que te pidan el triple por la vivienda. Eso supone que si estás en una mala situación, sin trabajo por ejemplo, no puedas pagar el alquiler", manifiesta un miembro de Stop Desahucios, que informa de que "se está intentando cambiar de nuevo esta ley y que los contratos sean de cinco o incluso diez años". Apunta, además, que el "problema" es que "no hay ayudas" para personas que se encuentran de repente en esta situación. "En nuestro país no hay una política de vivienda social", denuncia.

Pablo Fernández ratifica que "el número de desahucios por impago de alquiler está creciendo", en parte porque "los salarios están muy por debajo que hace cinco años". "Si ganas 800 euros y tu piso vale 400 o 500, tienes hijos y que pagar facturas... Las cuentas no cuadran", analiza.

Aunque también hay lanzamientos judiciales por impago de hipotecas. Este miembro de Stop Desahucios detalla que "las cláusulas de vencimiento anticipado" han permitido a la banca "iniciar ejecuciones hipotecarias a partir del impago de una sola cuota". "Es abusivo", lamenta. Lo mismo opina el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, quien denunció públicamente esta situación, asegurando que estas cláusulas "deben anularse".

Durante el verano, Stop Desahucios convocó concentraciones para denunciar tres casos de desahucio por parte de Abanca. Una mujer, sola y con dos hijas menores, en situación de grave exclusión social, con ingresos de unos 200 euros, a la que se subastó su vivienda tras ejecución hipotecaria. La plataforma ha solicitado reiteradamente la condonación de la deuda y el alquiler solidario en la vivienda. Otro de los casos es el de un hombre y una mujer, con ejecución hipotecaria, por deuda de 1.800 euros sobre única vivienda habitual, siendo una situación de familia acreditada en exclusión y con una persona en grave discapacidad. En tercer lugar, Stop Desahucios hace referencia a la situación de un hombre con dos familiares menores, que sufrió un lanzamiento judicial en el año 2017.