El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) cuenta desde el pasado mes de julio con una oferta para la compra directa de dos de las parcelas que ese organismo posee en A Maestranza, por lo que en ese momento inició el proceso para la adjudicación directa de los terrenos, por los que pretende obtener más de 10 millones de euros.

Pero el arranque de esa tramitación, cuya duración se estima en varios meses, no implica necesariamente que concluya con la venta de las parcelas. A lo largo de ese recorrido administrativo, el Ministerio de Defensa, el que se integra el Invied, puede optar por dar marcha atrás a la venta apoyándose en el artículo 38 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que abre la posibilidad a este tipo de decisiones.

Esa disposición admite que se interrumpa el procedimiento para la adjudicación bajo la premisa de atender el interés público, aunque siempre que la Abogacía del Estado emita un informe favorable a esta argumentación. Para tomar esta decisión, Defensa puede esgrimir que la venta sería "perjudicial para el interés público" de acuerdo con los términos establecidos en la operación, aunque también puede estimar que los terrenos de A Maestranza son "necesarios para el cumplimiento de fines públicos" siempre que se detallen las "razones sobrevenidas" que justifiquen la nueva consideración que se daría a las fincas.

Si el ministerio se decantase por esta vía para paralizar la venta de las dos parcelas, el autor de la oferta, que debió depositar el 5% del precio establecido, no dispondría de ningún derecho para hacerse con ellas a pesar de haberse iniciado el proceso.

La primera de las parcelas tiene una superficie de 2.133 metros cuadrados y en ella pueden construirse unas 120 viviendas, mientras que en la segunda, de 1.353 metros, están previstas unas 70. Tras permanecer durante años desocupadas y servir de alivio a la escasez de aparcamiento en la Ciudad Vieja, Defensa ordenó que se vallaran a principios de 2016 ante la inminencia de su salida a subasta.

En esa ocasión, la operación incluía también una tercera finca, de 1.804 metros cuadrados, en la que un informe municipal advirtió de la casi segura aparición de restos de las antiguas murallas, por lo que exigió a Defensa que alertase de este riesgo en la puja. En abril de 2016 se abrió el proceso con un precio total de 25 millones de euros que quedó desierto.

En marzo de este año hubo una segunda subasta de la que se excluyó la tercera parcela y se rebajaron los precios más de un 20%, pese a lo que siguió sin haber ofertas, lo que dio paso al procedimiento de adjudicación directa.