18 de octubre de 2018
18.10.2018

El expresidente del Constitucional Pascual Sala será el mediador del pleito del edificio Fenosa

El magistrado, de 83 años, fue presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial - Concello, denunciante y propietarios solicitaron una figura de "prestigio"

18.10.2018 | 01:39
El jurista Pascual Sala.

El jurista Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, será el mediador que intente desatascar el conflicto del edificio Fenosa tras veinte años de pleito. El Ayuntamiento de A Coruña, los propietarios del edificio Fenosa y el denunciante de las obras ilegales realizadas en el inmueble en 1997 han aceptado su designación para dirigir el proceso de mediación en un caso sobre el que pesa la sentencia firme que ordena devolver el edificio de la calle Fernando Macías al estado previo a la reforma. Sala, experto en Derecho Administrativo y procesos contencioso-administrativos, se ajusta al perfil de "reconocido prestigio" y experiencia en el campo de la mediación que las tres partes demandaron en la sesión informativa del 8 de octubre en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras haber propuesto antes el Concello esta vía intrajudicial para poder cerrar el larguísimo litigio.

La figura del mediador es un tercero ajeno al conflicto que facilita la comunicación efectiva y la negociación entre las partes implicadas. No proporciona asesoramiento, pero garantiza que los intervinientes dispongan de ello a través de sus abogados. Su postura debe permanecer siempre imparcial, sin posicionarse ni a favor ni en contra de nadie, y en ningún momento va a imponer ni proponer una posible solución, sino ayudar a que los afectados encuentren un acuerdo de beneficio mutuo, si así lo quieren, y conforme a derecho.

El Ayuntamiento, a través de su asesoría jurídica, propuso a Pascual Sala en la sesión del TSXG de hace una semana, al que no se han opuesto ni los representantes legales de la comunidad de propietarios del edificio Fenosa ni el denunciante de las irregularidades urbanísticas cometidas durante el Gobierno de Francisco Vázquez. De momento se desconoce cuándo se celebrará la siguiente sesión de la mediación, ya con la intervención de Sala decidida. La apertura de esta vía conciliadora implica la suspensión del curso del proceso judicial por un plazo no superior a sesenta días. El procedimiento suele desarrollarse con agilidad y, según expertos consultados por este periódico, debe ser lo más breve posible.

Pascual Sala, nacido en Valencia hace 83 años, ingresó en la carrera judicial en 1962 y accedió por oposición al puesto de magistrado de la jurisdicción contencioso-administrativa, labor que desarrolló entre 1972 y 1982, y ha publicado varias obras sobre su especialidad. En 1986 se convirtió en magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y en 1988 fue elegido presidente del Tribunal de Cuentas por los miembros de dicho tribunal. Dos años más tarde accedió a la presidencia del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. De 2004 a 2013 fue miembro del Tribunal Constitucional y en 2011 fue elegido su presidente, siendo el primer juez de carrera, ya que el resto fueron catedráticos.

En su mandato en el Constitucional se emitieron sentencia contra la ilegalización por parte del Tribunal Supremo de Sortu como partido político y a favor de la ley del matrimonio homosexual. También se admitió el recurso en contra de la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña. Esta semana Sala ha opinado que es "imposible" acusar a los políticos y activistas independentistas encarcelados y desplazados al extranjero que están procesados por delitos de rebelión y sedición. A su juicio, en Cataluña no se produjo un levantamiento violento, por lo que ve "difícil" que esos delitos puedan existir, "tal vez desobediencia", ha precisado.

Con su concurso como mediador en el caso del edificio Fenosa, Sala deberá conducir un proceso que dé cumplimiento a las sentencias firmes del TSXG en 2001 y del Supremo en 2006 que corroboran las ilegalidades denunciadas y ordenan la restitución del estado previo a la reforma del inmueble. Durante el largo caso el Concello llegó a proponer una demolición parcial de algunas partes irregulares de la fachada, mientras que el demandante exigió "quitar lo que se hizo y poner lo que se quitó".

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