El alcalde, Xulio Ferreiro, confesó ayer sentirse "jorobado" por la anulación de las compras de pisos para destinarlos a alquiler social ya que, apuntó en una entrevista a Europa Press, el concurso convocado a tal efecto "tenía que ser algo importante". El regidor insiste en que tanto en este caso -llevado ante la Fiscalía por el PP- como en el de la cesión de usos de la antigua cárcel -por el que el Ministerio fiscal ha presentado denuncia por prevaricación tras recibir el caso del PP- no ha habido actuaciones "arbitrarias" por parte de los ediles ni se ha hecho nada "para favorecer a nadie". En el caso de las viviendas reconoce que "al principio" el Gobierno local reaccionó "con cierta incredulidad" y ante la culpabilización a los funcionarios de los errores en la tramitación del concurso, negó que haya mala fe en su actuación. En cuanto al caso de la cárcel, defiende que se intentó "dar uso a un edificio que llevaba diez años vacío, intentar ver algo oscuro, me parece empecinamiento político". Hoy, la Junta de Gobierno Local aprobará enviar al Consello Consultivo dos de los inmuebles que se compraron para alquiler social. Uno es el de la calle Santander, sobre el que el órgano autonómico ya ofreció su parecer y que ahora se vuelve a remitir el expediente con la petición de nulidad para que sea ratificada. El otro está situado en la calle Barrera y no se ajusta, como el anterior, a uno de los requisitos de la convocatoria: no tiene dos huecos de luz a la calle para que sea considerado como exterior.
