La construcción de la estación intermodal fue pactada por Fomento y el Concello hace casi una década, concebida como una operación urbanística en la que la venta de suelo para construir pisos y la creación de un nuevo centro comercial financiarían una macro terminal de 200 millones de euros. El escenario es hoy muy diferente. La inversión de Adif, responsable de la adaptación del edificio histórico para la llegada de la Alta Velocidad, está estimada en unos 30 millones de euros. Otro centro comercial después de las experiencias fallidas del último decenio tampoco despierta entusiasmo. Y el sector inmobiliario frena tímidamente su caída pero con las grandes bolsas de suelo de la ciudad aún sin desarrollar. El nuevo convenio que el Concello propondrá a la Xunta y Adif el próximo lunes para reformular la intermodal, sugiere "reajustar y reducir" la edificabilidad en el entorno, concretamente, en los bloques de pisos proyectados al final de A Sardiñeira.

Este polígono tenía por objetivo "financiar actuaciones ligadas a la futura estación intermodal", señala el convenio del Concello, que cree que esta cuestión debe ser revisada respecto al acuerdo rubricado en 2009. "La actual situación económica ha supuesto una alteración de las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la suscripción del citado protocolo y la consiguiente aprobación de la ordenación urbanística contenida en el plan general", argumenta la propuesta de convenio que corrige "un modelo de gestión basado en la obtención de recursos económicos mediante la recalificación de los terrenos viarios y ferroviarios que no se consideren necesarios para el mantenimiento de estos usos por otros de carácter lucrativo, con el objetivo de ayudar a financiar la operación".

El protocolo se refiere en concreto al POL O30.1, que prevé tres bloques de cinco alturas con una edificabilidad que permite la construcción de unos 200 pisos. La superficie edificable es de 36.658 metros cuadrados, un 55% residenciales y un 45% terciarios. Se sitúa al final de A Sardiñeira, a la altura del instituto, en donde se ubicaban antiguos talleres ferroviarios. El nuevo convenio sentaría un nuevo modelo de gestión e incorpora a la Xunta, responsable de la estación de buses.

La Xunta y el Concello llegan a la reunión enfrentados por la financiación de la intermodal, después de que la Comisión Europea informase, a preguntas de este periódico, que el Gobierno gallego tiene hasta 2023 para ejecutar la estación, cuando en San Caetano se criticó que A Coruña había "perdido" los fondos europeos por, acusaba, los retrasos promovidos por el concello, que no permitían tener lista la construcción dentro del plan europeo de financiación 2014-2020.

La propuesta de nuevo convenio del Concello indica que la estación debe ser financiada con los mismos Fondos Feder que el resto de intermodales. La Xunta responde que no puede comprometer dicha financiación europea y sigue defendiendo haber excluido a A Coruña del programa, al entender que el plan no podrá estar terminado en los cinco años que otorga la CE. El Gobierno gallego afirma que costeará el equipamiento con fondos propios y que es su potestad decidir cómo financiar los trabajos.

En la propuesta de convenio redactada por el Concello, la Xunta se comprometería a, una vez suscrito, iniciar la tramitación urbanística de los proyectos en seis meses y tenerla concluida en 16. El pasado año, el Gobierno gallego se había comprometido a aplicar la tramitación exprés que permite una nueva normativa autonómica. Infraestruturas responde al Concello que "no es legalmente posible" fijar esos 16 meses porque, aunque se aplique la ley que acorta los tiempos, depende de informes sectoriales de otros entes.