La posibilidad de emplear fondos europeos para financiar las obras o la exigencia del convenio que debe establecer las obligaciones de cada administración son algunos de los desencuentros que separan a la Consellería de Infraestruturas y al Concello en la puesta en marcha de la estación intermodal, sobre la que mañana habrá una reunión decisiva en Madrid. Además de estas dos instituciones, también estará presente el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), como responsable de ejecutar las actuaciones necesarias en la terminal de trenes, aunque el Gobierno local no mantiene diferencias sobre el proyecto con este organismo.

El anuncio durante el pasado verano por parte de la consellería de que no podrían utilizarse para esta actuación los ocho millones de euros procedentes de los fondos europeos Feder incrementó la tensión con el Gobierno local, que vio peligrar la inversión autonómica, a pesar de que Infraestruturas aseguró que recurriría a sus propios medios para financiar la estación. El departamento autonómico argumentaba que los fondos de la UE solo pueden invertirse hasta 2020 y que los retrasos de los que culpa al Concello impiden cumplir ese plazo, pero la propia Comisión Europea ha informado esta semana a este periódico de que es posible completar la terminal hasta el final de 2023, lo que deja un periodo de cinco años para ejecutarla.

El desmentido europeo no hizo dar marcha atrás a la consellería, que ahora justifica la retirada de los fondos para evitar bloquearlos en un proyecto sin plazos claros cuando debe financiar otras intermodales en Galicia. Para los responsables municipales, la actitud de la conselleira Ethel Vázquez responde a una voluntad política de poner trabas a esta infraestructura, hasta el punto de que el alcalde, Xulio Ferreiro, calificó el pasado viernes de "excusas" los argumentos expuestos para explicar la imposibilidad de avanzar en esta iniciativa.

Esa misma denominación fue aplicada por el regidor para otro de los reproches de la consellería al Concello: la falta del convenio entre las tres administraciones que debe regular qué obra realizará cada una y la inversión que dedicará. Para acabar con la discusión sobre este asunto, el Gobierno local decidió enviar esta semana una propuesta de acuerdo, a la que Infraestruturas ya replicó insistiendo en que no puede mantener la financiación europea para el proyecto y que es ella la competente para decidir con qué recursos ejecutará las obras.

Pero en la reunión habrá que aclarar de forma definitiva otros asuntos, como el diseño de los accesos a la intermodal, qué número de plazas se reservarán al Concello para que las explote a cambio de construir el aparcamiento para turismos o el diseño de la zona a la que llegarán los autobuses y la ubicación de las paradas de las líneas urbanas. El Ejecutivo municipal asegura que planteó estas correcciones en marzo de 2017, aceptadas por Adif y la Xunta, porque no conoció hasta entonces la propuesta autonómica. Estos asuntos fueron acordados finalmente en octubre de 2017, fecha desde la que el Concello espera que se licite la redacción del nuevo proyecto de la terminal de buses. La Consellería alega que durante este periodo tuvo que rescindir el anterior contrato porque los cambios exigidos por el Gobierno lo invalidaban y obligaban a licitar de nuevo la redacción del proyecto.