La reunión mantenida ayer en Madrid por Adif, Concello y Xunta sobre el proyecto de la estación intermodal coruñesa concluyó con el anuncio por parte del organismo ferroviario de que licitará el próximo año las obras de adaptación de la terminal para hacer posible la llegada de la alta velocidad. Esa actuación tendrá un coste superior a los 40 millones de euros y afectará a las vías de la estación, al edificio principal y a la marquesina que protege a los viajeros, por lo que supondrá una "remodelación integral".

En la reunión estaban presentes el alcalde y el concejal de Rexeneración Urbana, Xulio Ferreiro y Xiao Varela; la conselleira de Infraestruturas y el director xeral de Mobilidade, Ethel Vázquez e Ignacio Maestro; y la nueva presidenta de Adif, la gallega Isabel Pardo de Vera. Adif informa de que mantiene la programación que había establecido para las obras a la espera del acuerdo entre Xunta y Concello sobre las instalaciones de la futura estación de autobuses, aunque aclaró que llevará a cabo el proyecto "sin comprometer la intermodalidad" del complejo.

Por su parte, el Ayuntamiento se comprometió en la reunión en que el plan para los accesos estará a principios de 2019. La Consellería de Infraestruturas envió una nota de prensa en la que señala que este año podrá sacar a concurso el nuevo diseño, tras anular el contrato anterior para incluir las modificaciones demandadas por el Gobierno local. Según alegó la Xunta en la reunión, la tramitación obligatoria de esta anulación tiene unos tiempos, a lo que se añadió la circunstancia, no mencionada por el Gobierno gallego hasta ayer, de que la empresa adjudicataria, Egis Eyser, se ha disuelto tras un concurso de acreedores iniciado en 2017. La Consellería, que acusa al Concello de demorar el proyecto al cambiar sus exigencias, minimiza el impacto de esta cuestión sobre la resolución del contrato, cuya tramitación comenzó en 2017 y finalizó en marzo de 2018.

El encuentro entre las tres administraciones puso una vez más de manifiesto las profundas diferencias existentes entre los ejecutivos autonómico y local, que posteriormente se reprocharon su actuación en esta iniciativa. "Si el proyecto de la intermodal solo dependiese del Concello y del Estado, las obras podrían iniciarse ya en 2019", declaró el alcalde para afear la postura de la conselleira, a quien acusó de no querer "asumir ningún compromiso" sobre la terminal, tanto en plazos como en cantidades, así como en la forma de financiar el proyecto y sobre su tramitación.

Xulio Ferreiro destacó los "esfuerzos" de la presidenta de Adif para que la reunión "fuese constructiva" y el "alto grado de entendimiento" con el órgano de Fomento pero aseguró que, "de las partes reunidas, solo dos salieron con compromisos marcados". Según el Gobierno municipal, el proyecto para los accesos en la avenida do Ferrocarril están prácticamente terminados. Más retrasados, los de la avenida da Sardiñeira, que es donde se ubicará la terminal de buses y pendientes del acuerdo con la Xunta.

El convenio, en el aire

No hubo ni principio de acuerdo para el convenio que tienen que firmar las tres administraciones y que debe incluir a la Xunta, que no figuraba en el de 2009. El Concello presentó su propuesta la pasada semana pero la Consellería discrepa de su contenido, por lo que prevé elaborar una contrapropuesta. Según su versión, el Gobierno local aceptó que no puede exigir por escrito a la Xunta con qué fondos financiará la obra. El Gobierno local reclama que sea costeada, al igual que el resto de intermodales, con fondos Feder. La Consellería decidió retirarlos y destinarlos a las otras ciudades. Inicialmente alegó que no podían invertirse más allá de 2020 y que se habían "perdido" por culpa del Concello pero cuando la Comisión Europea aseguró que el plazo terminaba en 2023 justificó que podrían perderse al quedarse bloqueados. El Gobierno gallego garantiza que hará la obra con fondos propios.

Infraestruturas rechazó además la pretensión municipal de que el convenio dé por hecho que se aprobará la tramitación urbanística y que además se hará en 16 meses, ya que, aunque sería posible en ese plazo, no puede comprometerse a que los organismos que deben elaborar informes sectoriales den su visto bueno de antemano y en el tiempo fijado por el Concello. Las diferencias entre ambas partes hicieron que en la reunión no se resolviese el problema del aparcamiento para turismos que hace un año se acordó situar bajo la dársena de autobuses y que debía explotar el Concello. Aunque no fue una cuestión central de la reunión, el Gobierno local entiende que se mantiene la propuesta anterior, en terrenos de Adif y con gestión municipal durante 20 años.