07 de noviembre de 2018
07.11.2018

Un juez anula el nombramiento en comisión de servicios de un 10% de la plantilla municipal

La CIG denunció que han excedido los dos años permitidos en su puesto 156 funcionarios de los 177 designados por este procedimiento: 27 del Gobierno bipartito, 71 del PP y 79 del Ejecutivo de Marea

07.11.2018 | 01:32
La plaza de María Pita, con el Ayuntamiento al fondo.

CLAVES

  • ¿Qué es una comisión de servicios? Es un nombramiento de carácter temporal en el que a un funcionario se le asigna un puesto de trabajo diferente a la plaza a la que está adscrito
  • ¿Cuánto puede prolongarse? La ley indica que tiene carácter excepcional y se puede prolongar solo un año más otro de prórroga, con el fin de proteger la concurrencia competitiva
  • ¿Cómo se soluciona? Hay que abrir un concurso de provisión de puestos de trabajo, una especie de 'oposición interna', con bases pactadas con los sindicatos y convocatoria pública

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha anulado el nombramiento en comisión de servicios de 156 funcionarios. La sentencia, que no es firme y que el Gobierno local ha anunciado que recurrirá, ordena el cese inmediato de las personas que ocupan esos cargos. Estas tienen que volver a sus plazas originales, la inmensa mayoría en el propio Ayuntamiento aunque hay algunas en otras administraciones.

La ejecución del fallo no es un asunto menor, uno de cada diez trabajadores municipales está afectado, al superar los dos años máximos permitidos para este tipo de nombramientos, que la ley dice que deben ser excepcionales. Según los datos de la CIG, que presentó la denuncia, hay un total de 177 personas adscritas a puestos en comisión de servicios: 27 del Gobierno de PSOE y BNG, 71 del Partido Popular y 79 de Marea Atlántica. El actual Ejecutivo municipal defiende que ya ha abierto el concurso, el primero convocado en diez años, para acabar con la situación de "temporalidad" de buena parte de la plantilla municipal y que afecta a 227 plazas.

Este procedimiento para regularizar la situación de los trabajadores municipales también fue esgrimido por el Concello delante del juez, que rechazó que esto exima al Ayuntamiento de A Coruña de corregir una situación ilegal. Para el juez, la convocatoria del concurso de provisión de puestos de trabajo "no puede alterar un hecho cierto que impone la estimación de la demanda, esto es, la ilegalidad del mantenimiento de las comisiones de servicio referidas más allá de los dos años de límite máximo que contempla la normativa vigente". El magistrado ordena "acordar el cese inmediato de los funcionarios que las ocupan". Condena al Concello pagar las costas, fijadas en 400 euros.

La sentencia afecta a funcionarios de todas las categorías, señalan desde la CIG, pero "sobre todo de los de arriba". "Llevábamos años denunciando esta situación, ningún gobierno nos hizo caso y ahora la justicia nos da la razón, con las consecuencias que esto tiene para la Administración y para el propio personal", apunta el secretario de la sección sindical, José María Calatayud, que afirma que dieron un tiempo de adaptación al Gobierno local y que comenzaron a avisarles en 2016. "Y no hicieron caso", relata el portavoz, que recuerda que también han trasladado la denuncia a la Fiscalía, que estaba esperando por la sentencia que el juez firmó este mismo lunes. Creen que la actuación municipal podría ser fraude de ley "o incluso prevaricación".

"Si bien el Gobierno de Marea no es el responsable del inicio de la totalidad de los puestos denunciados", apunta, "sí es responsable de las sucesivas renovaciones". Calatayud rememora además que, como concejala de Personal, la actual portavoz del PP, Rosa Gallego, les prometió en la mesa de negociación convocar el concurso de provisión de puestos de trabajo cada año y medio pero que dicho compromiso nunca se materializó.

Tras conocerse la sentencia, el Concello argumenta que las comisiones de servicio se mantuvieron en el tiempo, hasta la convocatoria del concurso, "para evitar un cese en cascada que podría poner en riesgo el normal funcionamiento de los servicios municipales". Además de responder a través de un comunicado, remitió un correo interno a la plantilla municipal, en el que anuncia que va a apelar la resolución judicial, al entender que ya están "afrontando la solución a esta situación de temporalidad a través de los procedimientos adecuados, como es la celebración de los concursos de traslados, que no fueron convocados en diez años anteriores".

El Gobierno local alega que es una situación "heredada" y que, buscando soluciones, negoció y aprobó las bases del concurso, que ya está convocado, "tras la negociación en la mesa con los sindicatos, en la que se llegó a un acuerdo con todos excepto la CIG". Esta primera fase afecta a 227 plazas. Añade que se han pactado la fechas en la mesa de negociación para la segunda fase del concurso y que se ha enviado al Diario Oficial de Galicia.

Para la CIG, este procedimiento también es "ilegal". Presentaron un recurso administrativo el 5 de julio pero este no ha sido respondido, por lo que probablemente acabe también en los tribunales. Entre otras cuestiones, advierten de que el concurso no se puede abrir por fases, sino que se tiene que hacer en la misma convocatoria. Insisten en que, antes de celebrarlo, el Concello debe renunciar a recurrir la sentencia del juez de lo Contencioso y proceder a regularizar la adscripción del personal funcionario.

El grupo municipal del PP, de cuyo gobierno proceden parte de los nombramientos anulados, cree que la sentencia "ratifica" la "falta de capacidad de este ayuntamiento y la gestión ineficaz, sin precedentes, de esta administración". Preguntados por la parte de las comisiones de servicios promovidas durante su mandato, los populares responden que están contrastando los datos antes de pronunciarse.

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