"Nos preocupa mucho porque es una situación común, que se da en la mayoría de los concellos gallegos y también en la Xunta". El secretario nacional de la CIG-Administración Pública, Xabier Picón, anuncia que el sindicato estudia denunciar en los juzgados el nombramiento de funcionarios en comisión de servicios en otros Concellos o en la Xunta. Tras conocerse la sentencia que afecta al Ayuntamiento coruñés y que ordena el cese de 156 trabajadores de sus actuales puestos y la vuelta a sus plazas originales, la CIG, que había presentado la demanda, se plantea extender el procedimiento a otras administraciones públicas por el mismo motivo: exceder en los dos años fijados por ley para este tipo de movimientos laborales internos.

Al ser, dice Picón, un "abuso generalizado" en Galicia, la CIG analizará, anuncia, "las consecuencias que tendría en cada administración" un fallo judicial de este tipo. "Entendemos que en un Concello donde la situación se arrastra desde hace mucho tiempo atrás, tener que gestionarlo es un poco farragoso", explica el sindicalista, que no menciona las consecuencias en el Concello coruñés, donde afecta a un 10% de la plantilla municipal. Enumera al Ayuntamiento de Santiago o a la Xunta como otras instituciones donde esta práctica se ha aplicado "de forma continua y reiterada y han acabado por convertirse en permanente".

"No tenemos ningún interés en que esto se judicialice", puntualiza Picón, pero apostilla que en el caso de A Coruña, "no quedó más remedio". Y es que, el portavoz de la CIG apuesta por "negociar" y llegar a acuerdos para que la situación "se revierta" y se convoquen concursos de provisión de puestos de trabajo. "Se debe acceder a las plazas en las condiciones de mérito, igualdad y capacidad mediante convocatoria pública", finaliza.

El presidente de la junta de personal del Ayuntamiento de A Coruña, Manuel Aceña, lamenta que esta situación podía haberse evitado con el concurso de traslados que ya está en marcha en el Concello, aunque, admite, se desarrolla "con bastante retraso". "Los sindicatos le advertimos a la concejala [de Personal] de que se podía denunciar", recuerda el representante de CSIF, que alerta de que el cumplimiento de la sentencia puede provocar un "jaleo impresionante" y un problema "de rebote" para muchos funcionarios. Por esta razón, pide al Gobierno local que cualquier movimiento se realice causando el "menor perjuicio" a los trabajadores municipales y a los propios ciudadanos. "La dimensión del problema es grave así que pedimos que no perjudique a la plantilla ni al servicio público", reclama Aceña, que insiste en que la situación "se estaba empezando a corregir" con una parte del concurso de traslados. El representante de la plantilla reconoce que esta "mala práctica" es "muy común" en las administraciones locales.