08 de noviembre de 2018
08.11.2018

Un juzgado anula el contrato para ejecutar la excavación del castro de Elviña, ya finalizada

Malvecín, segunda en la licitación para acondicionar el yacimiento, recurrió la adjudicación de los trabajos y pide 128.000 euros - Según el fallo, el Concello aceptó documentación fuera de plazo

08.11.2018 | 01:40
Parte de la excavación del Castro de Elviña.

Claves

  • Generalizado. Desde la CIG apuntan que los nombramientos de comisiones de servicio por más de dos años son de uso generalizado en Concellos gallegos y en la propia Xunta
  • Consecuencias. Antes de denunciar a administraciones públicas, el sindicato analizará las consecuencias que podría tener un fallo como el de A Coruña, que obliga a cesar a más de 100 trabajadores
  • Efectos. Desde la junta de personal del Concello coruñés alertan de los efectos de cumplir la sentencia y piden cuidado para no perjudicar a nadie

Un juez de lo Contencioso ha anulado la adjudicación de las obras del último año en el castro de Elviña, que culminaron la financiación que concedió en 2008 el Ministerio de Fomento para el proyecto a cargo del 1% cultural. Los trabajos tenían por objeto la "limpieza, excavación, consolidación y restauración" de las áreas señaladas en un plan elaborado en 2014. El contrato se adjudicó en verano de 2017 a Desarrolla y la segunda mejor puntuada en el concurso, Malvecín, llevó la decisión ante los tribunales al apreciar un defecto de forma que invalidaba la contratación de su competidora. El magistrado le da la razón, en un fallo que se puede recurrir, porque se concedió irregularmente un tiempo extra, de tres días, a la ganadora para justificar su documentación

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña anula la adjudicación del contrato para la excavación del castro de Elviña, adjudicada por 623.512 euros en junio de 2017. Por una irregularidad formal en el proceso de contratación, al otorgar un tiempo adicional a la empresa ganadora de la licitación para presentar un documento que faltaba, la sentencia, que no es firme, ordena volver al momento anterior a la selección y contratar a la segunda oferta mejor valorada, que es la de Malvecín, la sociedad que presentó el recurso judicial. Al estar la obra finalizada desde este verano y dado que el magistrado reconoce los derechos de la denunciante, se abre la puerta a la petición de indemnizaciones, que la perjudicada cifra en 128.160,99 euros.

Malvecín presentó un recurso contra la adjudicación que fue desestimado por el Concello, que había licitado en noviembre de 2016 los trabajos por 824.777,61 euros. La licitación tenía por objeto realizar obras para la "limpieza, excavación, consolidación y restauración" de las áreas definidas en un proyecto arqueológico elaborado en 2014 para concluir la inversión de la financiación concedida por el Ministerio de Fomento a cargo del 1% cultural en 2008.

Se presentaron tres empresas, Malvecín SL, Desarrolla Obras y Servicios SL y Valuarte Conservación de Patrimonio SLU. La primera realizó la oferta económicamente más ventajosa pero fue superada por la segunda en la puntuación final por la evaluación técnica. Una tuvo 86,84 puntos, otra 93,44 y la tercera, 59,10 según figura en el perfil del contratante municipal.

Malvecín recurrió la resolución del contrato y presentó un contencioso contra el Ayuntamiento al entender que se aceptó documentación de la ganadora del concurso público fuera de plazo. Argumentó la constructora en el recurso que el director de área de Economía instó a Desarrolla a aportar una determinada documentación para justificar su oferta. "Tras ser aportada esta y que se consideró suficiente, se constató por la mesa de contratación que no se había aportado la documentación requerida en la cláusula 12.1 del pliego de cláusulas administrativas", relata la sentencia, emitida el 24 de octubre. En dicha documentación, la empresa tenía que explicar la composición de su equipo técnico. Los miembros de la mesa acordaron por unanimidad, sigue el fallo judicial, otorgar un plazo de tres días adicionales para que aportase los papeles que faltaban.

La segunda mejor puntuada recurre la decisión al entender que vulnera la Ley de contratos del sector público, que solo da diez días a la empresa ganadora para presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social y de disponer de los medios comprometidos para ejecutar el contrato. La normativa indica que, "de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación del licitador siguiente, por el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas".

El magistrado de lo Contencioso-administrativo rechaza, como entendía el Concello de A Coruña que podía hacer, que se pudiese ampliar el periodo para corregir la documentación porque de ello resulta "un grave prejuicio para la seguridad jurídica al conceder un segundo plazo de subsanación al no haberse cumplimentado el primero".

Malvecín cifra la cuantía del recurso en 128.160,99 euros. El magistrado, por el momento, ordena retrotraerse al momento previo a la contratación de Desarrolla, dar por anulada la oferta, y pedir la documentación a la denunciante para formalizar la adjudicación con ella. Pero los trabajos ya están realizados por lo que la empresa solicitará previsiblemente una compensación económica como ejecución de la sentencia. El fallo no es firme e impone las costas procesales, de 700 euros, al Concello.

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