La función pública: ¿un residuo del pasado?

Vaya por delante el agradecimiento por el hecho de que un juez nos haya ahorrado a todos el calvario de tener que traducir al lenguaje normal una jerga forense solo apta para expertos que en algunos casos roza el virtuosismo de los jeroglíficos. El razonamiento de la sentencia es simple y directo: los nombramientos en "comisión de servicio son excepciones al régimen general de provisión de puestos de trabajo que, como tal, exigen una justificación y tienen acotada su duración. Así lo dispone la ley que el Concello incumplió. Poco más que decir a la hora de atender la invitación que me hace este diario para comentar la sentencia si no fuera por la trastienda que tiene el asunto.

La política de designaciones en el aparato burocrático del que todo Estado tiene que dotarse es un termómetro de la temperatura democrática del sistema, y lo que nos está marcando ese termómetro desde hace ya muchos años es un estado crítico en nuestra salud. Analizados los sistemas de nombramientos de los funcionarios públicos en 24 de las naciones más desarrolladas, España ocupa un honroso penúltimo puesto, solo por delante de Turquía, en una liga que otorga más puntos a aquellos sistemas que menos designaciones se vinculan a los sucesivos cambios de gobierno (fuente OCDE, Expansión 8/8/2018: La politización de las Administraciones).

El caso que resuelve esta sentencia no es, nos consta, el más preocupante aunque sí revelador de la sensibilidad de nuestros poderes públicos hacia un "Estado de Derecho" que adorna sus discursos tanto como lo ignoran en la práctica. Las políticas de designación de cargos en las Administraciones Públicas por razón de amistad o lealtad están cada vez más asentadas, y con unos resultados más que discutibles. Dejemos de lado el bochorno con que hemos tenido que contemplar la nefasta gestión de los presidentes del Tribunal Supremo y de su Sala Tercera (dos cargos designados por procedimientos opacos y por puras razones de oportunismo político) en el asunto del pago de un impuesto que grava las hipotecas, y centrémonos en el Concello de A Coruña.

La política de personal del Concello de A Coruña ha sido desde hace muchos años lo más parecido al camarote de los hermanos Marx, con la diferencia de que lo que allí era una comedia, aquí es una tragedia. La desprofesionalización de la función pública en los Ayuntamientos fue una constante que tuvo su punto de arranque en dos hitos que nacieron, como siempre, al hilo de las buenas intenciones y de una cierta ingenuidad democrática allá por los años ochenta: las dedicaciones exclusivas de los concejales, que convirtieron de la noche a la mañana en gestores a quienes no lo eran, degradándose a sí mismos en sus funciones políticas, y la sustitución de una carrera administrativa estable por el laberinto de la clasificación de puestos de trabajo con carta blanca para fijar retribuciones diferentes en función de criterios subjetivos.

Y así hemos llegado hasta la fecha, en una voladura programada de la Administración Pública que parece no tener ya retorno como así se pudo comprobar con la llegada del nuevo Gobierno municipal a nuestro Concello. En su descargo diré que poca responsabilidad tiene este Gobierno en la condena que recibe ahora por medio de la sentencia comentada; pero en su cargo habrá que señalar la persistencia en mantener una treintena de puestos de asesores cuya cobertura escapa a los principios de mérito y capacidad con el fatal resultado que explica ese escapismo. Hasta tal punto se tiene interiorizado que la Administración pública es una agencia de colocación, que las nuevas formaciones políticas nacidas al calor del 15-M del grito de "no nos representan" ponen en primer plano cuando llegan a las instituciones (en su primer pleno de constitución) la relegación de los funcionarios de carrera y su sustitución por los "asesores amigos": puro clientelismo.