El sindicato CIG, mayoritario en la Xunta, anuncia que extenderá la denuncia por las comisiones de servicios caducadas a la Xunta, después de que sus compañeros del Concello coruñés lograsen en primera instancia una sentencia que obliga a anular más de 150 puestos ocupados a través de este procedimiento y que han sobrepasado los dos años legales. El fallo judicial ordena devolver a los funcionarios a las plazas a las que realmente están adscritos. Tras un primer análisis en la Administración autonómica, la central calcula que hay unas 350 personas en esta situación, las más antiguas de 2010, entre sus 30.000 funcionarios (un 1,16%). Desde CIG-Autonómica defienden que lo que pretenden no es ir persona por persona, sino "forzar un concurso de traslados permanente", que se convoque habitualmente "como en la enseñanza".

En el caso de A Coruña, no hay concurso de traslados desde 2010. Pasado este tiempo, un 14% de la plantilla, con 1.500 funcionarios, está fuera de su sitio por medio de una comisión de servicios y un 10% ha sobrepasado los dos años máximos que permite la normativa seguir en el puesto. El concurso de traslados posibilita que esos puestos que se ocupan provisionalmente pasen a tener dueño y que los funcionarios puedan moverse de un puesto a otro en la administración a través de un concurso de méritos, rebajando la discrecionalidad.

"[Con el fallo de A Coruña] se nos abre una expectativa de poder realizar esa denuncia y, sobre todo, a través de esa denuncia forzar un concurso de tras lados permanente", comenta Zeltia Burgos, secretaria del sector de Autonómica de CIG-Administración, mayoritaria en la Xunta. Desde que se hizo pública la sentencia, este martes, la CIG ha estado estudiando la situación, tanto en San Caetano como en los Concellos gallegos. Burgos, reconocía, ayer por la mañana, que muchas veces estas comisiones de servicios "encadenadas" no se denunciaban porque la persona que las ocupan "no tiene la culpa de estar así" y que lo que se tiene que buscar es el concurso de traslados. Tras estudiar la situación a lo largo del día, la CIG envió por la tarde una nota de prensa en la que indicó que había tomado la decisión de denunciar las comisiones de servicio en la Xunta que "incumplen la Lei do emprego público de Galicia" con el fin de "cortar este abuso".

Según los primeros datos recabados, hay 290 comisiones de servicio iniciadas en 2016, "de las que la mayoría están ya sobrepasando los dos años máximos". Hay otras 65 expiradas de 2015, que se completan con 62 de 2014, 13 de 2013, 2 de 2012, 2 de 2011 y 4 de 2010. La CIG recuerda que el anterior concurso de traslados de cuerpos generales fue hace tres años, y el de personal laboral, hace seis, además de "un número variablemente elevado para las escalas y cuerpos especiales". Aprecian "falta de transparencia" porque la Xunta no les facilita los datos reales de comisiones de servicio. "Desde 2010 no sabemos qué plazas están vacantes y qué plazas no lo están", indica Burgos. Añaden que, en los concursos abiertos, "se guardan" algunas plazas para comisiones, muchas correspondientes a jefaturas.

La central advierte de que las comisiones caducadas podrían ser más pero para evitarlo los responsables de la Administración de Núñez Feijóo "intercambian comisiones, cambiando el código de plaza cada dos años". "Es la punta del iceberg pues son muchísimas más por el cruce, normalmente en la misma unidad, de comisiones que hacen que haya personal que no podamos contabilizar pero que lleva más de dos años ocupando efectivamente la misma plaza, aunque oficialmente figure trabajando en otro lado, lo que es un gran fraude", denuncia el sindicato, que insiste en que la provisión de puestos de trabajo a través de un concurso es la única solución para poner fin a la situación de provisionalidad y "clientelismo".

El concurso en A Coruña

Con un concurso de traslados como este quiere el Gobierno local de A Coruña acabar con el problema extendido de temporalidad en el Concello. No hay una convocatoria similar desde 2010 y desde entonces no ha dejado de ver engordar su lista de funcionarios fuera de su plaza original en comisión de servicios. "La situación de temporalidad es evidente, que es lo que pone la sentencia encima de la mesa, pero no se soluciona anulando las comisiones para después vernos obligados a convocar otras comisiones temporales, se soluciona resolviendo el concurso de traslado definitivo", sentenció la concejala de Personal, Eugenia Vieito. ¿Por qué defiende entonces la CIG en A Coruña que hay que ejecutar la sentencia y que no se soluciona con el concurso de traslados, como cree el sindicato a nivel autonómico? La sección en A Coruña, que a diferencia de la Xunta no es la mayoritaria, alega que no hay solución con el concurso convocado -la primera fase está pendiente del DOG- porque sus bases son "ilegales". Prevén llevarlo también ante la justicia.

En el resto de ayuntamientos, está por decidirse. En principio, avanzan fuentes del sindicato, lo dejarán a estudio de sus representantes locales, constatando el "abuso generalizado" en Galicia. El secretario nacional de CIG-Administración Pública, Xabier Picón, pone como ejemplo el Concello de Santiago, en el que el porcentaje de comisiones caducadas, dicen, podría ser mayor incluso que en A Coruña.