La política urbanística en Monte Alto y el entorno de la Torre sufrió un vuelco cuando la Unesco incluyó al monumento en la lista del Patrimonio de la Humanidad, un nombramiento que cumplirá una década el próximo año. Con el título llegó también blindaje para el faro y para su entorno, al establecerse una zona de protección que impidió desarrollar los polígonos de viviendas previstos. El plan general mantiene terrenos como urbanizables pero las licencias se denegaron, rechazo que ratificó la justicia. El asunto sigue hoy judicializado porque muchos de esos derechos se concedieron a cambio de la cesión de terrenos para construir en el paseo marítimo, en unos convenios que no se llegaron a cumplir. Hay sentencias en contra de casi dos millones y también una a favor, que eximió de pagar 2,8. En noviembre de 2016, el Gobierno local anunció que iniciaba el expediente para anular los edificios de Adormideras, donde se preveía trasladar la edificabilidad pero el cambio aún sigue pendiente.
