El Consello Consultivo ha vuelto a analizar los expedientes que el Ayuntamiento le había enviado a comienzos de este año sobre la propuesta de resolución de dos contratos con la empresa Servipertu, que en principio había rechazado, y ha cambiado de parecer después de que la Administración local remitiese documentación adicional. El órgano gallego se pronuncia esta vez a favor de la anulación de los contratos, relativos a la limpieza del centro cívico de Monelos y al servicio de conserjería en el centro cívico de O Castrillón y las unidades de atención social de Cuatro Caminos y Monte Alto.
El Consultivo concluye que en el primero de los contratos, de finales de 2014, resulta "suficientemente acreditado" el incumplimiento del pago de los salarios a dos trabajadores desde 2017, motivo por el que existe causa de resolución contractual. También rechaza la anulación de mutuo acuerdo y sin causas imputables a la empresa propuesta por la concesionaria.
El Concello había apoyado su propuesta de liquidación del segundo contrato, de comienzos de 2015, en "incumplimientos muy graves en la ejecución" contractual relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones laborales y "con abandono del servicio". El Consultivo certifica también el impago de los salarios de los trabajadores y ya no entra a analizar el abandono del servicio invocado por el Gobierno municipal. Servipertu, como en la vinculación respecto a la limpieza del centro cívico de Monelos, argumentaba que no se le podía imputar la resolución contractual en el servicio de conserjería y otros de naturaleza polivalente realizados en la instalación de O Castrillón y solicitaba la revocación de mutuo acuerdo, petición desestimada por el Consello Consultivo porque cuando la empresa la formuló ya se habían producido incumplimientos en materia laboral.
El órgano gallego dictamina en ambos acuerdos que, "sin objetar la incautación de la garantía", la resolución de los contratos establezca una incautación ajustada a la cobertura de los posibles daños y perjuicios causados a la administración local por los incumplimientos de la concesionaria. En la cuantificación de la indemnización, señala el Consultivo, deberá ponderarse la dilación del Concello en la resolución del proceso de revocación.
En diciembre del año pasado, la empresa adjudicataria había comunicado al Ayuntamiento la imposibilidad de cumplir el contrato, por lo que el Ejecutivo recurrió a otra empresa para cubrir el servicio, pendiente de un nuevo contrato hasta que se resolviesen los que estaban en vigor. La Concejalía de Emprego inició en enero los trámites para resolver el documento, pero a mediados de año el Consultivo, tras peticiones de documentación en los meses anteriores, rechazó la operación por una cuestión de plazos a la hora de presentar los informes necesarios para una valoración completa de los casos.
El Concello incorporó a los expedientes sendos informes de Intervención, además de documentos acreditativos del trámite de audiencia al avalista relativo al contrato de 2015. En su propuesta de resolución también prohibió a la empresa optar a otro concurso con la Administración local.
