Los agentes de la Policía Local no actúan de oficio ante la venta ambulante en la calle Real sino que solo responden a los requerimientos ante llamadas ciudadanas al teléfono 092 ya que, dice el Gobierno local, "genera una obligación". Esta política no está "enfocada a la sanción" y así se evidencia con los datos de identificación de manteros o del número de actas de confiscación. En 2014, fueron 121 y 308, respectivamente, mientras que durante el año pasado fueron 18 en ambos casos, es decir, con reducciones del 85 y del 94%.

Esta decisión de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que se refleja en la contestación de una pregunta escrita formulada por el BNG, se contrapone a las directrices del anterior Gobierno local. Según explican fuentes municipales, antes de 2015 la actuación contra la venta ambulante era "una de las prioridades" del 092 y se disponía de "dispositivos específicos" con esta finalidad. En la zona de la calle Real, añaden las mismas fuentes, se realizaban patrullas a pie y en moto como una "tarea programada".

El Gobierno local especifica, además, que las sanciones impuestas desde este mandato suponen cantidades económicas más bajas, ya que se rigen por la ley de seguridad ciudadana promulgada en 2015, mientras que, antes de esta fecha, la ley de comercio interior de Galicia, datada en 2011, era la que se utilizaba para imponer las sanciones. Además, el departamento municipal añade que desde hace más de tres años se retiró la tasa que existía por confiscación, que penaba la tenencia de los productos a la venta. La mayor parte de manteros son de origen subsahariano y no tienen permisos de residencia.