El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha paralizado la causa conocida como operación Zeta, que investiga un presunto fraude de subvenciones para cursos de formación para parados y personas con discapacidad. Está aguardando un informe pericial de la Intervención General del Estado y este sobreseimiento provisional permite, mientras no se reciba el documento, que no computen los meses de espera sobre los plazos máximos de instrucción previstos en la Ley de Enjuciamiento Criminal para las investigaciones que, como esta, tienen consideración de complejas.

El auto, emitido el 20 de noviembre, decreta el sobreseimiento provisional de la causa "hasta tanto no se reciba en este juzgado el informe pericial encomendado al perito de la Intervención General del Estado". Se archivan así las actuaciones con la idea de reabrilas una vez que la magistrada instructora tenga en sus manos las conclusiones de dicho informe.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las instrucciones complejas -aquellas que involucran a una gran cantidad de investigados y tengan por objeto numerosos hechos punibles- no deben superar los 18 meses más una prórroga de igual plazo o inferior. La Zeta comenzó con más de medio centenar de imputados, entre ellos empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y ex altos cargos de la Xunta del PP y de la del PSOE y BNG. La operación se inició bajo secreto a finales de 2011. Las entidades implicadas recibieron, según figura en el sumario, ayudas millonarias. Apuntaron, entre otros, al empresario Gerardo Crespo -propietario de Azetanet, la consultora que da nombre a la operación- y Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Autónomos y Empresarios (Caype). Ambos testificaron ante la juez en varias ocasiones. Crespo lo hizo por última vez en mayo de 2017 a petición propia.

La sección segunda de la Audiencia Provincial emitió en marzo de este año un auto en el que instó a la magistrada de la Zeta a evitar el "estancamiento de la instrucción" y evitar "prolongar la incertidumbre de los encausados". El pasado julio, la misma sección segunda sugirió a la magistrada instructora que acordase el sobreseimiento provisional "en espera" de recibir el resultado de las diligencias de Intervención lo que, razona, "interrumpiría el cómputo de los plazos previstos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cómputo que se reanudaría por el tiempo que restara hasta completar el plazo de prórroga", en la que ya se encuentra la instrucción. Tras recibir este auto, la jueza tomó la decisión de archivar las actuaciones "hasta tanto no sea emitido el informe pericial".

Tanto Crespo como Calviño se han quejado recientemente del alargamiento del proceso. En declaraciones a Radio Coruña a principios de mes, Crespo aseguraba que, "a raíz de la instrucción", se había "arruinado patrimonialmente, personalmente y profesionalmente". "A ver lo que pasa pero no tengo mucha fe en la Justicia", comentaba. En la misma línea se pronunciaba el abogado de Eliseo Calviño, Xoán Antón Pérez Lema. Denuncia que "lo más grave" es que "ninguno de los investigados sabe por qué se le investiga, sabe cuáles son los hechos concretos que soportan esta investigación, y cuál es la tipificación penal, en qué artículo del Código Penal están estos hechos".

Gerardo Crespo responde que realizó todos los cursos de formación para los que recibió subvenciones millonarias entre 2008 y 2012. Está investigado por delitos de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental. Eliseo Calviño también defendió la ejecución de las ayudas: "Si los programas no se hubiesen realizado, estaríamos diciendo que en la administración hay una panda de paletos".