El informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre las rías gallegas cumple cinco años el próximo mes. Los mariscadores y la plataforma en defensa de O Burgo fueros los peticionarios que impulsaron una investigación de este órgano, formado por eurodiputados y que atiende las quejas de los ciudadanos europeos que creen vulnerados sus derechos por incumplimiento de la legislación comunitaria. No emite órdenes, sino recomendaciones o peticiones, que en el caso de las aguas coruñesas, quedaron fiadas a la ejecución del dragado. La limpieza de los lodos sería el primer paso para poner en marcha otras medidas demandadas, como la regeneración ambiental y de los bancos marisqueros y hasta el fomento del el ocio y el deporte. Sin dragado, pendiente de un acuerdo de financiación entre administraciones que empieza a tomar forma de escollo, el cumplimiento del informe queda casi en blanco. El Parlamento Europeo revisará su ejecución el próximo enero, después de que haya sido aceptada una iniciativa de la parlamentaria Ana Miranda (BNG).

La nacionalista y el grupo en el que trabaja (Verdes-ALE) quedaron descontentos con el resultado final del documento, acusando a PP y PSOE de descafeinar las exigencias de los peticionarios en un informe que no incluía ningún párrafo para exigir un calendario de actuaciones y eliminaba partes en las que se acusaba a los responsables políticos de dejación con la ría. A pesar de ser un documento de mínimos, que alcanzó el consenso de los grupos mayoritarios, la mayoría de las recomendaciones se mantienen sin ejecutar. Se avanzó en el proyecto del dragado pero Gobierno central y autonómico, ahora de distinto color, comienzan a cruzar declaraciones sobre su cofinanciación.

Si se enrocan políticamente en esta cuestión, estarían ahondando en el incumplimiento de una de las recomendaciones de los eurodiputados, que insta a las autoridades a que traten "con rapidez la parte contaminada del lodo acumulado en la ría como consecuencia de los vertidos del pasado". La Comisión también solicita que "las autoridades del Estado y de Galicia realicen un plan integral de regeneración de la ría de O Burgo, que contemple el dragado, retirada, limpieza y tratamiento de los lodos, así como todas las medidas necesarias para finalizar el saneamiento integral". Tras una tramitación engorrosa, el proyecto final está pendiente de publicación previa a su licitación.

La Comisión de Peticiones exhorta a los responsables políticos, "ante la denuncia de los peticionarios de falta de información y participación", a "garantizar la participación de las partes interesadas en todas las actuaciones que se realicen". Tras aceptar que los informes del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) garantizan la extracción adecuada de los lodos en función de su composición química, la Comisión solicita que "se realice la inversión financiera necesaria en medidas de mejora de la calidad del agua, pero también y sobre todo en la extracción del lodo y el tratamiento de su parte contaminada con las máximas cautelas ambientales". En este mismo punto, trasladan la necesidad de "aprovechar las oportunidades financieras del marco financiero plurianual correspondiente al periodo 2014-2020". En este sentido, Miranda denunció el jueves que ya se negocia "un nuevo periodo de fondos (2020-2027) sin haberse ejecutado los del periodo anterior".

Sin dragado, no se pueden atender otras demandas, como que, una vez realizado, España reserve, dentro del Fondo Europeo Marítimo y de Peca, una partida financiera para la regeneración de los bancos marisqueros, así como que las administraciones fomenten "el desarrollo de proyectos vecinales de ocio y deporte". El informe concluye con que se debe realizar un "control riguroso en la lucha contra la contaminación directa" (vertidos) por el "bienestar de la ciudadanía" y por el "futuro socioeconómico del sector profesional marisquero de la zona afectada".