Las administraciones públicas están de acuerdo en que la ría de O Burgo necesita con urgencia el dragado, pero en lo que no han sido capaces de llegar a un consenso es en quién debe financiar la actuación. La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, reprochó el sábado a la Xunta que no quiera costear las actuaciones cuando, dijo, había "compromisos adquiridos" con el anterior Gobierno central a través de un borrador de convenio en el que se repartían los gastos. La semana pasada la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, fue tajante a la hora de negar la responsabilidad del Gobierno gallego en la financiación de la limpieza del estuario. Defienden que la administración autonómica ha hecho los "deberes", con la inversión de 100 millones de euros en actuaciones de saneamiento y apunta a la "competencia estatal" del dragado por estar enmarcado en la "regeneración del litoral". Misma idea apoyan los Concellos bañados por la ría, que niegan tajantemente que deban aportar fondos para la actuación y derivan la carga financiera hacia el Ministerio de Transición Ecológica. Será en enero cuando las tres partes se sienten en una mesa y comience la negociación.