El secretario y el interventor municipal mantienen posiciones opuestas sobre el cambio en el presupuesto para reinvertir el superávit de 15,1 millones de euros del año pasado. Así lo exponen ambos funcionarios en sus informes, aunque, finalmente, el Gobierno local dio por válido el de Secretaría General para poder dejar pendiente el destino de la cuantía hasta que se conozca el período medio de pago a proveedores de noviembre. Si está por debajo de los 30 días, los requisitos del Gobierno central permitirían que se destinara la cantidad a obras en la ciudad. Si no se cumple, como ha sucedido en los últimos meses, se amortizaría deuda. Para optar a ambas opciones, la concejala de Facenda, Eugenia Vieito, presentó un voto particular al expediente que fue aprobado ayer en el pleno extraordinario con los votos del Gobierno local y la abstención de PP y PSOE. La concejala del BNG, Avia Veira, no pudo asistir al pleno.
El interventor califica la manera de proceder del Ejecutivo municipal de "innovación en las posibilidades legales" dentro de la normativa de haciendas locales y considera que en el momento de aprobación inicial del expediente es cuando "debería verificarse el cumplimiento del período medio de pago" a proveedores, por lo que no podría dedicarse el superávit a inversiones. El funcionario añade que en este tipo de cambios de las cuentas públicas se tiene que acreditar "el carácter específico y determinado del gasto a realizar" y señala que, al establecer dos posibilidades distintas -deuda y obras-, se incumple esta condición. También apunta que tanto la norma de estabilidad presupuestaria como la propia Constitución recomiendan a las administraciones públicas amortizar deuda y que las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles suponen una "excepción" al criterio general.
El interventor da el visto bueno a la "consistencia y soporte" de las proyecciones presupuestarias, en ambos casos previstos, pero informa desfavorablemente por no cumplir el plazo de pago de facturas. Recuerda que es su figura la que tiene "la función reservada de control financiero" y, por tanto, sobre los presupuestos y sus cambios, pero también recuerda que, aunque su informe es preceptivo, no es vinculante ni suspensivo por lo que dejó en manos del pleno la decisión.
Si el interventor expuso sus argumentos en once folios, son 18 los que utilizó el secretario municipal para llegar a una conclusión diferente. Admite que "no se conoce jurisprudencia en este ámbito específico" y que se trata de una cuestión con "complejidad jurídica". Analiza que, en caso de prever solo la opción de amortización de deuda, podría ser una "verdadera indefensión de los ciudadanos" que, tras el período de información pública, hubiera una modificación "sustancial" del expediente municipal. Así, apoya como manera "idónea" que se incluyan las dos posibilidades y que una de ellas se suspenda cuando se conozca el dato de pago a proveedores de noviembre. Según la opinión del funcionario, resulta "más seguro jurídicamente" y "adecuado a la legalidad" la opción tomada por el Gobierno local, aunque apunta que la postura de la Intervención Municipal, por especialidad, "es prevalente".
Fueron las dudas mostradas por el interventor las que llevaron a la portavoz del PP, Rosa Gallego, a anunciar su abstención en el pleno de ayer. También dedicó duras críticas a la gestión de la concejala de Facenda por no abonar las facturas dentro de los treinta días que marca la normativa estatal. El voto particular, según la popular, "es una nueva chapuza por la nula gestión y los incumplimientos" y afirmó que es "improbable" que el período medio de pago del Concello sea ajustado este mes. "Es una tomadura de pelo a la ciudad", reprochó Gallego, que también denunció la falta de ejecución de las cuentas para este mismo año.
El portavoz del grupo socialista, José Manuel García, pocos minutos antes de anunciar su renuncia, mostró su pesimismo por la situación financiera municipal y tendió la mano al Gobierno local a que cuenten con el apoyo del PSOE para poder sacar adelante obras para los barrios. "Lamentamos profundamente la situación de la ciudad e intentamos ayudar", señaló, avanzando también la abstención del grupo en el único asunto del orden del día. Si por un lado, denunció la "tarea titánica" que supone cumplir el pago a proveedores y la "incapacidad" de la concejala, por otro, también reconoció las "rigideces incomprensibles" que impuso el anterior Gobierno central para el gasto del superávit en las administraciones locales.
Vieito, en sus turnos de palabra, defendió la gestión de su departamento y el apoyo del secretario municipal a la manera de mantener la opción de invertir los 15,1 millones de euros en obras. La edil denunció las "trabas" que pone el Ejecutivo estatal para no destinar el remanente a inversiones y el "endurecimiento" de los requisitos ya que, insistió, cambiaron las condiciones para el cómputo del período medio de pago que ahora el Ayuntamiento incumple. "Cuando dimita el alcalde de Ourense, del PP, también lo haré yo", contestó a Gallego la responsable de la hacienda local, en referencia a los 112,43 días de media que, dice, tarda ese Concello en pagar a sus proveedores.
