La relación entre el Concello y los antiguos gestores de la empresa Miramar de San Pedro -concesionaria del restaurante, el ascensor y el mirador panorámico- tendrá un nuevo capítulo en los tribunales que se sumará a los ya abiertos. Los antiguos propietarios de la compañía, que la traspasaron el pasado mes de marzo al restaurador Luis Veira y el hotelero José Blanco, presentaron un recurso en los tribunales por la negativa del Concello a abonarles los gastos de explotación de las instalaciones en los años 2016 y 2017.

El contrato suscrito en 2005 para gestionar este recinto establece la obligación de que el Concello sufrague las pérdidas que puedan producirse, lo que derivó en el abono de cuantiosos pagos a lo largo de los últimos años. La investigación iniciada por el Gobierno local del PP y continuada por el de Marea Atlántica reveló que entre 2010 y 2012 se había producido un exceso de facturación por valor de 603.090 euros, cantidad que exige le sea devuelta, aunque la concesionaria recurrió judicialmente esta decisión.

El descubrimiento de numerosas irregularidades en los gastos presentados por los anteriores responsables de la empresa hizo que se paralizara el pago de los déficits argumentados durante a partir de 2014 hasta que fueran revisados y la empresa devolviera la cantidad que se le exige de los ejercicios en los que se apreciaron anomalías, lo que llevó a Miramar de San Pedro a reclamar en los juzgados que se le abonaran 393.613 euros correspondientes a las supuestas pérdidas de 2014. y 2015. Un juzgado dio la razón a la concesionaria, cuyos anteriores gestores solicitan la misma decisión con respecto a los años 2016 y 2017.

Pero estos empresarios se enfrentan a la querella presentada por la Fiscalía contra ellos por un presunto delito de estafa cometido entre 2010 y 2014 mediante la presentación de los gastos de explotación del complejo. La iniciativa se dirige contra las empresas Miramar de San Pedro y Rúa Real, esta última la que realizaba la limpieza de las instalaciones. Los responsables de ambas son las mismas personas. La Fiscalía tuvo en cuenta la documentación aportada por el Concello a finales de 2017, en la que figura la existencia de anomalías contables, excesos de facturación por limpieza y vigilancia y gastos desproporcionados.

En el informe municipal realizado sobre la facturación de 2010 a 2012 se destacó que la concesionaria pagaba 18 euros por hora de servicio de vigilancia, cuando el Concello abonaba entre 12 y 13 por esa misma actividad en instalaciones suyas, mientras que por limpieza Miramar de San Pedro decía pagar la hora a 19,5 euros, frente a los 11-13 que costaba este servicio en dependencias municipales.

Otro aspecto relevante es que la empresa alegó pagar trabajos de limpieza durante ocho horas al día y en 350 jornadas anuales. Semejantes cifras llevaron al Gobierno local en 2016 a obligar a Miramar de San Pedro a reducir a dos horas diarias esas tareas y su coste a 12.93 euros.

Con el cambio de titularidad en la concesión el pasado marzo, los nuevos responsables de la sociedad plantearon al Concello modificar las condiciones en las que se presentaban las cuentas para incrementar el control sobre las mismas, propuesta que fue aceptada, de forma que los gastos se presentarán cada trimestre y no cada año como se hacía hasta ahora.