02 de diciembre de 2018
02.12.2018
Un día en la realidad procesal de la violencia machista

Trabajo judicial para un problema global

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que funciona en A Coruña desde 2005, tramita a diario los procedimientos de maltrato a mujeres a través de juicios rápidos o con la instrucción de casos graves

02.12.2018 | 01:00
Una mujer entra en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Antes de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña naciera, en 2005 -un año después de que se promulgara la Ley de Violencia de Género-, el lugar que ocupa en la planta baja del edificio de Nuevos Juzgados era la sala de bodas del Registro Civil. Desde entonces, no se respira amor en sus escasos metros cuadrados. Ocho funcionarios -entre ellos, uno de refuerzo-, una letrada de la administración y un juez forman el equipo, único en Galicia junto con el de Vigo. Único por ser exclusivo para este tipo de delitos y por combinar dos tipos de gestiones a diario. "Somos como el médico de cabecera y el de urgencias a la vez", ejemplifica el magistrado Miguel Filgueira tras la mesa de su despacho, solo adornada por un calendario municipal de 2018.

Sus mañanas, que a veces se alargan hasta media tarde, se dividen entre la instrucción -la investigación previa a la posible celebración de un juicio- y los juicios rápidos. Es la Policía Nacional o la Guardia Civil la que ocupa en su agenda franjas horarias liberadas para este tipo de vistas, en las que se archivan los casos, por no ver indicios de delito, o se decide seguir el procedimiento. El resto de la mañana, en las primeras horas, se toma declaración a personas implicadas en distintos tipos de incidencias relacionadas con el maltrato a mujeres. "El grueso va por juicio rápido", explica el juez, que añade que, por ejemplo, los otros procedimientos surgen de informes médicos -ya que los sanitarios tienen obligación de trasladar al juzgado asistencias que sospechen que son agresiones machistas- o de querellas directamente interpuestas por la víctima asesorada por un abogado.

En la jornada de hoy, en la que todos coinciden que es "tranquila", había 14 personas citadas para declarar en 11 procedimientos en trámite. Entre ellos, un acusado en prisión preventiva, que tiene prioridad con respecto a otros casos. Desde las nueve y hasta las once, el magistrado escucha sus testimonios y después arrancan los juicios rápidos. "Este no es un ambiente amable nunca", reconoce el juez, por lo que la agilidad del proceso y que la víctima no tenga que esperar mucho tiempo en el lugar es una manera de ayudarla.

En ciudades grandes como Barcelona o Madrid hay más de un juzgado de este tipo y se reparten las funciones de instrucción o guardia dependiendo del día. En las ciudades medianas, como A Coruña, todo se complica. "Es muy difícil compatibilizarlo. Nos pasamos el día buscando huecos porque siempre surgen cuestiones que necesitan una atención inmediata", apunta Filgueira, que destaca una situación aún peor, la de ciudades como Lugo u Ourense o localidades como Betanzos que no tienen un juzgado específico y las tareas son asumidas por un juzgado de instrucción, al margen de otros procedimientos.

En los más de diez años que lleva el juez al frente de este juzgado, desde su apertura, el perfil de víctimas y acusados ha cambiado mucho. En los primeros años 2000 eran "matrimonios tradicionales" con una edad media alta, pero esos casos ya no son frecuentes, comenta. Primero, las relaciones son de todo tipo, incluso hay casos de parejas vía internet, y las redes sociales influyen, y mucho, en todos los casos. "Es raro el procedimiento en el que no tengamos el móvil de él o de ella en la mano para ver mensajes, llamadas y redes sociales", detalla. La edad es más baja, llegando a rozar la mayoría de edad en muchos casos, y también hay una parte que son de origen extranjero y con escasa vinculación laboral o familiar, por lo que el juez los describe como "desarraigados". Aunque hay casos de personas de niveles acomodados, la mayoría provienen de ambientes "casi marginales". Y ahí es donde plantea que los juzgados no pueden arreglar situaciones con problemáticas más profundas de educación, vivienda o trabajo.

La falta de vínculos familiares o que estos no sean profundos es una de las causas que apuntan tanto el juez como la fiscal. Rosa Serrano es la que está asignada esta jornada al juzgado, de los cuatro disponibles y especializados en esta temática. Lleva dos años en violencia de género y se muestra sorprendida de comprobar la "continuación" de lo que trataba a diario en su anterior etapa profesional, con menores: "Veía adolescentes que se iban a la cama y se mandaban mensajes durante toda la noche, con fotos del pijama que llevaban. Y se pegaban. Y era normal: 'un bofetón o los celos son porque me quiere'. Todos esos comportamientos los vemos también aquí". Serrano se pregunta dónde está la familia: "Los padres están como bloqueados, no son capaces de ver lo que pasa. Hay que comunicarse en casa".

Para que este juzgado funcione, insiste en varias ocasiones el magistrado, hace falta la colaboración de muchas personas. Las fuerzas de seguridad registran los casos y los introducen en la agenda del juzgado a través de los juicios rápidos; los funcionarios, que tramitan y se adaptan al ritmo de trabajo o los fiscales, que actúan en los juicios o vistas. Pero hay otros colectivos. Dentro del turno de oficio de los abogados, dos son asignados en exclusiva a este juzgado cada día. Lo más habitual es que asesoren a la mujer, tanto en declaraciones en instrucción como en los juicios rápidos, aunque también están a disposición de los hombres. También participa en muchos procedimientos el Instituto de Medicina Legal (Imelga), para la valoración física y psicosocial de víctimas, tanto mujeres como hijos, y que también tiene la agenda abierta para atender a las mujeres que acuden a juicios rápidos, con el fin de que completen todo el trámite en una mañana.

Las resoluciones de los casos que entran por la puerta del Juzgado de Violencia sobre la mujer son de tipo muy variado. El proceso más sencillo es el de un juicio rápido que acaba en archivo. La segunda opción es que el juez vea indicios de delito y, sin más pruebas o testigos, se celebre el juicio en quince días en Penal 6, que lleva estos procedimientos en exclusiva, igual que una sección de la Audiencia. También se puede dictar continuarlo como un delito leve y es el propio juzgado el que lo celebra.

Cuando hay más que investigar, normalmente por causa de maltrato continuado, el proceso se alarga. Hasta un año. Este mismo juzgado tramita pruebas y testigos, que a día de hoy tendrían cita para marzo, y surgen las complicaciones. Una habitual es que se produzca otra agresión o se quebrante alguna de las medidas dictadas y otra es, por ejemplo, que un informe del Imelga sobre la consecuencias de este tipo de violencia ha tenido en la mujer o hijos se demore varios meses. Otros delitos, como los de agresión sexual o lesiones graves, ya entran en esta tipología desde el principio y también suelen tener una tramitación larga.

"Ese armario hasta el 2014 o 2015 estaba casi vacío", apunta el juez, señalando el lugar donde se acumulan los expedientes de las causas. "Es lamentable, pero somos incapaces de responder en plazos breves", añade, aunque lanza un mensaje optimista: "Ha estado peor".

El cumplimiento de las sentencias es bastante alto, aunque hay excepciones. Sobre las órdenes de alejamiento, el magistrado lamenta que muchos quebrantamientos sean "participados por la mujer" y, sobre la reincidencia del hombre con distintas parejas, considera que "no es extraña, pero tampoco diría que habitual". Siendo un problema más allá de lo físico, las penas en las que el autor de los hechos no entra en la cárcel, este debe hacer un curso de reeducación, aunque el juez no tiene datos de la eficacia de los mismos. Los encarcelados también son proclives a hacerlo, porque les reporta beneficios penitenciarios.

Que se trate de relaciones tan íntimas y que gran parte de las agresiones se registren en el domicilio y sin testigos dificulta que haya pruebas suficientes y, por tanto, castigo para el agresor. Por eso muchos jueces prefieren otros destinos, pero Filgueira afirma que si viviera con ese miedo, el de que una mujer que haya visto vuelva a sufrir violencia por parte de su pareja, "no trabajaría". "No podemos saber el futuro", apostilla.

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