04 de diciembre de 2018
04.12.2018

De calle exclusiva a calle para todos

El Concello retoma un procedimiento para exigir a una comunidad de propietarios de varios edificios de la avenida del Ejército que abran sus viales internos al público

04.12.2018 | 02:00
Los edificios afectados por el expediente municipal en la avenida del Ejército.

Dijo allá por 1976, el fallecido Manuel Fraga que la calle era suya y, aunque parece muy atrevido adueñarse de la vía pública, el Concello ha detectado unas pequeñas zonas de paso y aparcamiento de las que se han hecho propietarios exclusivos una comunidad de la avenida del Ejército. Son los números 18-34 de este vial, junto al parque de Europa los que, según el Gobierno local vallaron ya hace muchos años el acceso a sus calles impidiendo su uso público. Y, aunque el procedimiento arrancó en 2014, con el anterior Ejecutivo municipal del PP, la Concejalía de Rexeneración Urbana aún tramita la finalización del expediente.

Fue una vecina la que en septiembre de hace más de cuatro año puso en conocimiento del Ayuntamiento que los cinco edificios que forman esta pequeña urbanización entre la zona verde y la avenida se habían apropiado del vial que recorre los inmuebles y su capacidad, por tanto, de estacionamiento. La por entonces Concejalía de Urbanismo confirmó que esos terrenos forman parte del dominio público municipal, lo que ratificaba la existencia de una escritura pública de compraventa de marzo de 1996 por parte del Estado y su posterior inclusión en el Inventario Municipal de Vías Públicas Urbanas. Arrancó poco después de la denuncia ciudadana el expediente para "la recuperación de la posesión del espacio libre de viario público" al que contestó a través de un escrito un representante de los vecinos en noviembre de aquel año.

Y eso fue todo. Hasta el pasado 26 de noviembre el proceso estuvo paralizado y la ya ahora Concellería de Rexeneración Urbana ha vuelto a poner en marcha el proceso. Y es que un técnico inspeccionó la zona en septiembre de este año y comprobó que sigue "cerrada con un vallado que impide el uso público" sin que haya un título jurídico que legitime este sistema de acceso. De esta manera, el departamento que dirige Xiao Varela comunica a los residentes a través del Boletín Oficial del Estado que tienen diez días para presentar alegaciones y documentos que estimen oportunos antes de tomar la decisión de ocupar el vial. Y es que, después de este plazo, si se comprueba, dice la normativa, "el hecho de la usurpación posesoria", se dará a la comunidad de propietarios ocho días para que abra al publico el área y, si existe "resistencia al desalojo", se pueden imponer multas coercitivas por valor de hasta un 5% del valor de los bienes ocupados.

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