08 de diciembre de 2018
08.12.2018

Los extrabajadores y el Concello reclaman que la fábrica de armas conserve el plan industrial

El antiguo personal es partidario de que la planta sea adjudicada de forma directa, como se hizo en Murcia en 2009, y Defensa medita otro concurso

08.12.2018 | 01:58
Concentración de exempleados de la fábrica de armas el pasado marzo ante la Delegación del Gobierno.

El futuro de la fábrica de armas, una vez que el Consejo de Estado se ha pronunciado ya a favor de la reversión de su gestión, es todavía una incógnita. El Ministerio de Defensa ha mostrado interés en volver a sacar la concesión a concurso, aunque aún no ha dado pasos para llevar adelante esta opción. Cabe también la posibilidad de que adjudique la gestión de la planta de Pedralonga de forma directa, medida que prefieren los extrabajadores vinculados al sindicato UGT. Los actuales empleados -los que continúan en la instalación, con impagos acumulados y sin apenas actividad- optan por no pronunciarse aún. Y el Concello demanda que el futuro de la fábrica esté asociado a un "proyecto industrial viable y solvente a largo plazo". En este punto el Gobierno local coincide con los antiguos trabajadores.

"Queremos que se recuperen las instalaciones, donde hay que ver en qué estado está la maquinaria tras estos casi cinco años de escaso uso. Que haya un proyecto industrial sólido y que genere empleo", resume el anterior presidente del comité de empresa, Roberto Teijido. El exempleado se inclina en cambio por que la vía de salida para la situación actual de la fábrica de armas pase por "el alquiler o adjudicación directa" de la planta. "Después de lo que pasó con Hércules de Armamento en 2014, no creemos que haya que pasar por otro concurso público", justifica. Por ello alude al ejemplo de la fábrica de General Dynamics Santa Bárbara de Murcia en 2009, comprada directamente por Explosivos Alaveses (Expal) tras llegar a un acuerdo con Defensa.

Adjudicación o concurso. Ahí parece estar el dilema, sobre el que los actuales trabajadores prefieren no pronunciarse, un silencio en el que se han amparado en los últimos dos años, a medida que se agravaba su situación en la fábrica. Teijido opta no obstante, tras años de lucha por reclamar la resolución de la concesión a Hércules, por una prudente calma, aunque en septiembre pasado pedía "agilidad" para desalojar la instalación y reiniciar la actividad. "Hay que dar tiempo, las instalaciones deben ser recuperadas y el proyecto industrial tiene que definirse en las condiciones adecuadas. Yo creo que se avecina una alternativa buena", señala Teijido, que apunta que los contactos institucionales por el futuro de la planta se llevan "con discreción".

El Ayuntamiento, mientras, aplaude el informe del Consejo de Estado que avala la reversión de la fábrica de armas. "Es un paso positivo, dados los continuos incumplimientos de la concesionaria desde prácticamente el inicio de su actividad. Entendemos que es esencial conservar el empleo industrial en la ciudad, más teniendo en cuenta el horizonte de incertidumbre que padecen instalaciones coruñesas como Isowat y Alcoa. Es necesario que la comisión encargada de evaluar los proyectos que se presenten al concurso actúen con la mayor de las exigencias para evitar que se repita lo que ha pasado en la fábrica de armas", destaca el concejal de Empleo, Alberto Lema.

El Ministerio de Defensa admitió a comienzos de agosto pasado que había iniciado los trámites para retirarle a Hércules la concesión de la fábrica de armas, después de que la adjudicataria del concurso no pagase una parte del canon anual que adeudaba por el uso de las instalaciones. Este era uno más de sus incumplimientos, ya que la planta se quedó en abril sin suministro de luz y de agua por impago de las facturas y poco después, por segunda vez en tres años, se quedó sin empresa de seguridad, aunque a mediados de noviembre volvió a contratar a vigilantes.

Cinco años después del cierre de la fábrica y cuatro desde la adjudicación a Hércules de Armamento, los extrabajadores de la fábrica decidieron aparcar sus concentraciones de los últimos viernes de mes ante la Delegación del Gobierno.

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