La recomendación de los forenses que examinaron a J.M.L.C., autor confeso de la muerte de Sebastián Míguez Chaves de una puñalada el pasado 8 de enero en el albergue de Padre Rubinos, de que reciba tratamiento psiquiátrico es el punto sobre el que se sustenta la petición de su defensa de que sea absuelto a causa de los problemas mentales que padece. La Audiencia Provincial comenzó ayer el juicio al acusado, que se celebra con jurado, con la lectura de los alegatos de las partes, de los que el de la Fiscalía insistió en considerar los hechos como un asesinato por el que pide una pena de prisión de 17 años y 8 años más de libertad vigilada.

J.M.L.C., quien prestará declaración hoy en el juicio junto a los testigos, había acudido aquel día al centro de Padre Rubinos a recoger su documentación tras haber sido expulsado el día anterior por mal comportamiento. Al salir al patio a las 16.00 horas se encontró con Sebastián Míguez, con el que conversó unos segundos, tras lo que sacó un arma blanca de doble filo y se la clavó en el pecho, donde le alcanzó el corazón, por lo que falleció casi en el acto. El acusado salió corriendo y fue localizado por la policía esa medianoche escondido en un portal en la avenida de Oza.

Las cámaras de seguridad de Padre Rubinos grabaron lo sucedido, por lo que J.M.L.C. no niega los hechos, aunque su abogado, el también concejal socialista José Manuel Dapena, rechazó que se trata de un asesinato al entender que "no hay móvil ni motivo, ha sido un arrebato de una persona enferma", según declaró a la prensa antes de iniciarse la vista. Antes de comenzarla, solicitó a la jueza que autorice la realización de un informe psiquiátrico del acusado por parte de profesionales públicos porque la ley de justicia gratuita lo permite, pero, al igual que sucedió durante la fase de instrucción, su petición fue desestimada.

El letrado destacó que el informe elaborado por los psiquiatras forenses y el psicólogo sobre el acusado aconseja que se le proporcione tratamiento psiquiátrico a causa de la conducta que muestra y recordó que le fue diagnosticada esquizofrenia paranoide, además de trastorno de la personalidad que le origina "descargas de agresividad", a lo que añade su adicción al alcohol y las drogas desde hace años.

Dapena calificó de "el mundo al revés" que una persona con este historial médico sea considerado "totalmente lúcido" por la Fiscalía el día que cometió los hechos más graves en toda su vida, ya que afirmó que actuó "como un loco alcoholizado y drogado". La defensa negó también que pueda hablarse de asesinato porque no hubo "emboscada o ataque a traición" y puso de relieve la situación social del acusado, que vivió como un "vagabundo" durante 25 años en el Reino Unido y de donde fue expulsado hace un año, por lo que llegó a A Coruña sin medios económicos.

El fiscal explicó en la sala que la familia de la víctima renunció a ejercer la acusación particular por residir en Sevilla y carecer de medios económicos para contratar un abogado, al tiempo que consideró "probado" que la muerte de Santiago Míguez fue un asesinato. El jurado pudo ver en una pantalla de televisión una imagen de la grabación de los hechos, en los que durante el encuentro entre el acusado y Míguez "le debió parecer mal algo que le dijo la víctima", según el fiscal, tras lo que le asestó una puñalada.

El alegato de la Fiscalía también aludió a que el trastorno de la personalidad del acusado le causa un comportamiento anormal, pero advirtió que "eso no quiere decir que no pueda distinguir el bien del mal o que no pueda controlar sus actos", sino que sus facultades están "levemente disminuidas".