La pequeña parte de la antigua cárcel provincial de A Coruña que reabrió al público para actividades socioculturales a comienzos del pasado mes de agosto, unos 100 metros cuadrados, cierra temporalmente. El cese de la actividad lo anunció ayer el colectivo que gestiona la instalación y sus nuevos usos, Proxecto Cárcere, después de que el Concello no le autorizase estas actividades por "falta de documentación" sobre las mismas y a consecuencia de un informe de la Xunta que deniega la instalación de pasarelas provisionales por estar el inmueble vinculado a usos socioculturales que no autoriza.
El Gobierno local remitió en septiembre a la Dirección Xeral de Patrimonio una solicitud para la instalación de una rampa provisional de acceso a la cárcel. Hasta entonces Proxecto Cárcere había situado una pasarela por su cuenta para permitir entrar y salir del edificio sin riesgos para los visitantes y el Concello no se lo había impedido. Dos meses más tarde, el departamento de la Xunta acuerda informar de que "no procede autorizar ninguna instalación vinculada a actividades socioculturales en el inmueble".
Patrimonio se ampara en leyes estatales y gallegas para resolver la solicitud del Ayuntamiento de los elementos provisionales de acceso con su denegación y señala que la cárcel, con nivel de protección estructural, se halla en los ámbitos del conjunto histórico-artístico de la Ciudad Vieja y en el entorno de protección de la Torre de Hércules. Observa además en su resolución que el edificio, en relación con su seguridad, presenta deficiencias en las cubiertas y fachadas que no fueron reparadas y añade que sus cambios de uso deberán ser autorizados por la Consellería de Cultura.
El Concello, según fuentes municipales, acata la resolución pero pretende recurrirla, ya que considera que la clasificación urbanística del edificio como equipamiento "sí permite la celebración de actividades sociales y culturales "de manera puntual y esporádica".
El Gobierno local comunicó a Proxecto Cárcere hace unos días que la Xunta advierte incumplimiento normativo en la actividad desarrollada en el antiguo penal, por lo que demandó al colectivo, según señala el comunicado que sus miembros remitieron ayer, que presentase un "permiso emitido por la institución autonómica para poder continuar con las actividades". Desde Proxecto Cárcere, críticos con la "descoordinación entre las administraciones local y autonómica", aseguran que el Concello no les explicó qué leyes se incumplen ni qué autorización de la Xunta es necesaria.
El Ayuntamiento basa también el cese de la actividad en la cárcel en la ausencia de documentación para las actividades del mes de diciembre, un paso que el colectivo que gestiona el recinto debe cumplir a través de comunicaciones previas a cada actividad programada. Proxecto Cárcere matiza en su escrito que el Concello no les ha indicado el protocolo "claro, firme y coherente con el contrato" firmado en junio de este año que debe seguir para cumplir con el "procedimiento administrativo adecuado". El colectivo explica que tras no recibir soluciones concretas en los meses pasados, en diciembre sí se le señaló "verbalmente un protocolo más concreto y razonable", pero en los días siguientes el Concello paralizó la actividad prevista tras plantearle nuevos requisitos.
La cesión temporal de la cárcel, por dos años, concluirá el próximo 15 de enero y el Gobierno local prevé reunirse antes con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), órgano dependiente del Ministerio del Interior, para "estudiar los términos de la continuidad del contrato". Proxecto Cárcere, adjudicataria de la gestión temporal de la cárcel en un concurso que ha llevado a los juzgados el grupo municipal del PP, no pudo iniciar su actividad hasta agosto, cinco meses antes del fin de la cesión.
